12 policías, un exmiembro de esa institución armada y cinco civiles, fueron acusados por un fiscal procedente de la capital del país, quien después de legalizar las capturas les imputó varios delitos, los cuales fueron aceptados y en los próximos días resolverá la medida de aseguramiento.
La Fiscalía les imputó los delitos de: cohecho propio, concierto para delinquir y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública por diferentes eventos delictivos.
El ente investigador se abstuvo de imputarle el delito de porte ilegal de armas de fuego. Hasta hora se desconocen cuáles son los delitos que se les imputan a cada persona, como también si los uniformados continuarán en la Institución, si se tiene en cuenta que, mientras no los condenen, son inocentes.
Los patrulleros que están involucrados son: Johan Salvatore Molina Rojas y Hugo Andrés Correa Torres; patrulleros: Ricardo José Suaza Palomino, Carlos Julio Méndez López, Luis Alfredo López Vásquez, Ignacio Antonio Ruiz Granadillo, Yohan Abel Díaz Albear, Fabián José Daza Abshana, Julio Rodríguez Celis, Jeffer Antonio Mejía Guzmán, Romario de Jesús Rondón Sánchez y Víctor Eduardo Isaza Rodríguez.
También fueron privados de su libertad los civiles, Diego Armando Cobos Gómez, Angie Paola Sierra Rodríguez, Jeider Martínez Castro, Efraín Márquez Rodríguez, Walbert Ferney Mahecha Bayona y el intendente retirado de la Policía, Víctor Hugo Molina Carrillo.
En la audiencia virtual la Fiscalía indicó que poseía varias interceptaciones telefónicas, informes de investigadores de campo, declaraciones juramentadas de policías activos, reportes de agentes encubiertos, grabaciones en audio y video.
También le podría interesar: 11 policías de La Guajira fueron capturados, señalados de contrabandear armas de fuego
También le podría interesar: Faltan por capturar cuatro personas más, en investigación por contrabandear armas de fuego
En ese sentido, los investigadores llegaron a la conclusión que esta red delincuencial se conformó durante los años 2019 y el 2020 que presuntamente se dedicaban al contrabando de carne proveniente del extranjero, a cambio de dádivas. Al parecer, los uniformados dejaban que los vehículos ingresaran al país sin ningún tipo de control sanitario.
Finalmente, durante las audiencias concentradas los imputados aceptaron cargos y en los próximos días un juez de control de garantías definirá la medida de aseguramiento, que puede ser para algunos uniformados y civiles, desde detención domiciliaria hasta en establecimiento carcelario.
