Juan Carlos De la Cruz, Julio Cesar Castillo.
Juan Carlos De la Cruz, Julio Cesar Castillo.
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Un juez penal de control de garantías de Manaure, La Guajira, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Julio César Castillo y Juan Carlos De la Cruz Ortiz, funcionarios de una Institución Prestadora de Salud (IPS) que atendía a la población indígena de La Guajira.

Los hechos por los que hoy son enviados a cárcel, se refieren a las presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato suscrito en junio de 2015 con la Alcaldía de Manaure, cuyo valor ascendió a COP $8.000 millones y el plazo de ejecución se pactó en cinco meses.

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Al parecer, la IPS no contaba con la idoneidad ni la capacidad logística requerida para cumplir el objeto del convenio que contempló la atención médica, el seguimiento nutricional mensual de las comunidades, y la entrega de mercados y agua potable a 2.000 familias de la alta Guajira afectadas por el fenómeno del niño en 2015.

Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, se determinó que Julio César Castillo, en su calidad de gerente de la IPS y Juan Carlos De la Cruz Ortiz, contador y revisor fiscal de la misma, habrían incurrido en posibles actos de corrupción para apropiarse de COP $2.839 millones del referido contrato, cuyo costo alcanzó los COP $8.000 millones.

Dentro del proceso en curso, la fiscalía les imputó a los procesados los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y cohecho por dar u ofrecer. Los cuales no fueron aceptados por los imputados. 

El ente acusador buscaría demostrar mediante las pruebas que Julio Castillo giró 30 cheques, cada uno por COP $3.000 millones, los cuales presuntamente fueron cobrados por él mismo. Hay indicios de que alimentos adquiridos supuestamente por COP $900 millones, no llegaron en su totalidad a las comunidades necesitadas. Asimismo, se conoció que los productos comprados fueron facturados con un sobrecosto de 50 porciento.

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