Un preacuerdo presentado por la Fiscalía General de la Nación ante el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Villanueva, sur de La Guajira, fue rechazado por el juez Cristián Camilo López Pontón, quien consideró que no cumplía con los requisitos legales.
Este acuerdo estaba relacionado con el proceso penal que enfrenta el contratista Ángelo Andrés Ucros Ospino, investigado por los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público, según reveló la revista Semana.
Le puede interesar: Barrancas entrega recursos productivos para fortalecer el trabajo de mujeres campesinas rurales
El juez señaló que el documento planteaba que el acusado fuera juzgado como cómplice y no como autor, lo que reducía su condena a 66 meses de prisión. Además, criticó que con este acuerdo se desconocían los derechos de las víctimas y se ponía en riesgo la reparación del daño causado, ya que no incluía la obligación de devolver al menos el 50 por ciento de los más de 300 millones de pesos que habrían sido apropiados indebidamente de las arcas del municipio de Barrancas, recursos destinados a la instalación de un aula de informática y programas comunitarios.
En la diligencia, el juez sostuvo que la propuesta violaba lo establecido en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004, el cual exige la restitución de parte del incremento patrimonial ilícito como condición previa para acceder a beneficios judiciales. También citó la Sentencia SP1901-2024 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que establece que los preacuerdos deben asegurar la reparación a las víctimas y evitar enviar el mensaje de que los delitos contra la administración pública puedan resultar ventajosos para quienes los cometen.
Le puede interesar:Delincuentes hieren fonsequero en Barrancas para robarle su motocicleta
El acta de la audiencia, conocida por la revista Semana, registra la decisión de improbar el preacuerdo entre la Fiscalía y Ucros Ospino, impidiendo que se emitiera una sentencia condenatoria basada en esa negociación.
El caso está siendo adelantado por la Fiscal 4 Seccional de la Unidad de Administración Pública, Katherine del Carmen Sierra Meza, quien tiene la responsabilidad de continuar el proceso contra el contratista.
Con esta decisión, el juez marcó un precedente en la lucha contra la corrupción en el departamento de La Guajira, protegiendo los recursos públicos y defendiendo los derechos de la comunidad afectada, según lo publicado por la revista Semana.
