La tutela impetrada por pescadores de Taganga, pide proteger derechos fundamentales a pescar en aguas de La Guajira
Una tutela que fue fallada por un juez de la ciudad de Santa Marta en la que un grupo de pescadores del departamento de Magdalena argumentan daños ecológicos que los podrían dejar sin los peces que a diario le sacan al mar, mantiene paralizada las obras que desde 2004 se vienen desarrollando en el pozo Uchuva 2 en el que el Gobierno nacional tiene cifradas las expectativas para evitar la importación de gas natural.
Uchuva 2 es un proyecto desarrollado por la empresa estatal Ecopetrol quien mantiene como aliado a la compañía brasilera Petrobras. El yacimiento que, según los expertos, tiene un potencial que puede duplicar la existencia actual de gas en Colombia, está ubicado a 32 kilómetros del continente y se sitúa frente al corregimiento Dibulla, lo que significa que se encuentra en área de La Guajira, pero quienes presentaron este recurso jurídico para la defensa de intereses colectivos, son pescadores del corregimiento Taganga, a un costado de la ciudad de Santa Marta y en una de las zonas turísticas más visitadas de Magdalena.
Primero los indígenas y ahora los pescadores
Antes de estos pescadores, quienes habían utilizado los argumentos legales para defender lo que consideraron derechos violados o en riesgo de ser violados, fue un grupo de indígenas wayuu que tienen sus asentamientos en cercanías a la zona, pero argumentan que con las exploraciones y el ruido de las máquinas los peces se van del sector.
Según fuentes de Ecopetrol, Uchuva es el pozo que puede garantizar soberanía energética evitando la importación del combustible. Según el expresidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, este yacimiento está en capacidad de producir 400 millones de pies cúbicos por día y es poseedor de una existencia calculada entre 3.5 y 5.5 terapiés cúbicos de gas con lo que se podría satisfacer la demanda de 36 millones de ciudadanos que utilizan esa fuente de energía en Colombia. Sería mucho más del doble de la existencia de gas de hoy que es para seis años.
Corriendo contra el tiempo
Una vez fue conocida la noticia a nivel nacional en el sentido de que un juez de Santa Marta había ordenado la suspensión de las obras, todos los funcionarios del Gobierno nacional empezando desde los ministros relacionados con el tema, hasta el director de Ecopetrol y las empresas aliadas, empezaron a correr contra el tiempo para hilar jurídicamente y de la mejor manera, la impugnación que se hará a la tutela para evitar que la parálisis sea muy prolongada, pues lo que se indicó es que el juez habría dado tres días para que se paralice todo el proyecto, hasta que sea resuelta la solicitud de consultada previa invocada por los pescadores de Taganga.
Una falla lamentable del Gobierno
El economista y asesor de la Gobernación de La Guajira, Manuel Sierra Deluque, indicó que lo presentado es una de las tantas debilidades que el Gobierno nacional ha mostrado en estos proyectos de gran envergadura donde la consulta previa debe ser la prioridad y no se debe formular cuando las obras ya están en desarrollo.
El líder guajiro sostiene que, sin embargo, se trata de un proceso que debe estar muy bien contextualizado para poder opinar, toda vez que se conocieron hasta pronuncviamiento de la Corte Constitucional en los que quedó bien claro cuáles eran las áreas que se podrían ver afectadas por los trabajos y perturbación que se hiciera al medio ambiente circundante y nunca aparecieron los que ahora reclaman. Dice Sierra Deluque que el ministerio del interior también emitió resoluciones y no hubo reclamos en su momento, sino ahora cuando el proyecto se encuentra muy avanzado.
Hemos cumplido a todos los interesados
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dijo que en su empresa son respetuosos de todas las comunidades que pudieran ser impactadas con los proyectos y la operación que ejecutan, esto en el marco de su responsabilidad social.
Cuando a nivel nacional se informó del fallo del juez de Santa Marta que fue proferido el 12 del cursante septiembre, todas las instancias del Gobierno se pusieron en concordancia para preparar la impugnación. El presidente de Ecopetrol indicó que en el grupo que está trabajando a toda marcha se encuentran “la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el ministerio de Medio Ambiente, el ministerio del Interior y el ministerio de Finanzas y Energía, para revertir el fallo. Hemos sumado para solicitar la impugnación de la decisión del juez y poder reactivar las actividades que desarrollamos en este bloque exploratorio«, explicó Roa.
