Carmen Cecilia Plata Jiménez, María del Rosario Veloza Parra, Hirina del Socorro Meza Rhenals.
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El Consejo Superior de la Judicatura abrió indagación preliminar a los magistrados del Tribunal Administrativo de La Guajira: Carmen Cecilia Plata Jiménez, Hirina del Socorro Meza Rhenals y María del Rosario Veloza Parra, quienes habrían entorpecido el cumplimiento de una tutela del Consejo de Estado que ordenó a Cerrejón la reubicación y reparación de un grupo de familias del pueblo Roche.

La Tutela se presenta para que se reubiquen y se reparen a varias familias de ese comunidad y que fue realizada en el año 2003 y en esa oportunidad solo se les concedió a 25 familias. En ese sentido, el fallo de tutela del Máximo Tribunal se produjo el 9 de diciembre de 2016 para que Cerrejón iniciara trámites pertinentes a concederle el derecho a esta comunidad de afrodescendientes con una consulta previa.

A su turno, Roberto Ramírez Díaz, representante legal del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, presentó un incidente de desacato por el no cumplimiento de lo ordenado por el Consejo de Estado.

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Pablo Segundo Ojeda Gutiérrez
Pablo Segundo Ojeda Gutiérrez.

El trámite debe hacerse en los diez primeros días de su presentación y al haber trascurrido tres meses sin que se produjera una acción administrativa sobre el caso, entonces elevaron una queja ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, organismo que acaba de notificar la apertura de la indagación disciplinaria en contra de las magistradas referenciadas, precisó Pablo Segundo Ojeda Gutiérrez abogado quien asesoró a los reclamantes.

En este proceso en el Alto Tribunal comienza la indagación la magistrada Julia Emma Garzón de Gómez, por lo que ahora son cuatro las mujeres que deberán reunirse para tratar el tema de los derechos de la comunidad de afrodescendiente que salieron de su territorio ancestral para permitir que la multinacional Cerrejón siquiera extrayendo el mineral.

En su indagación, Garzón de Gómez solicita conocer una serie de documentos donde se debe entregar información sobre las actividades que en su momento cumplen las magistradas; quienes ahora están siendo indagadas.

Asimismo, se le solicita al Presidente del Tribunal en La Guajira unas informaciones que tienen que ver con las funcionarias: «con destino a la presente investigación informe si las funcionarias investigadas disfrutaron de permisos, si asistieron a cursos, talleres, congresos o seminarios, si hay constancia de permisos para ejercer la docencia, o para adelantar estudios de especialización o maestría, o de otra índole, además si fungió como Presidente de la Corporación, durante el año 2020 a la fecha«.

A la secretaría del Consejo de Estado le solicita que le informen: “si a las investigadas les fueron concedidas licencias o incapacidades, permisos para ejercer la docencia, o para adelantar estudios de especialización o maestría, o de otra índole, durante el año 2020 a la fecha. Además, informar si el despacho a cargo de las inculpadas fueron objeto de descongestión, en caso afirmativo informe mediante qué acuerdo y durante qué tiempo se llevó a cabo las mismas, para el año 2020 a la fecha”.