En la tarde de este jueves acompañado de su jurista, se presentó ante el jefe de la oficina del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI de la Fiscalía General de la Nación de San Juan del Cesar, el abogado Danilo Rafael Araujo Daza para aclarar su participación en el convenio 033 de 2018 que suscribió el distrito de Riohacha con una fundación de garaje.
Araujo Daza llegó en el vehículo de su prohijado Iván Fuentes Acosta promediando las 2:40 de la tarde. Minutos después se legaliza la captura y se procedieron a realizar los actos urgentes ante un fiscal que lo presentará ante un Juez con funciones de control de garantías, a través de tres audiencias: legalización de captura, imputación de delitos y medida de aseguramiento.
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Sobre Danilo Rafael pesaba una orden de captura por el delito de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, tras haberle dado viabilidad al convenio 033 del 2018, cuando para la Fiscalía, la ONG contratante no cumplía con los requisitos para acceder al mismo, considerada entonces, como de garaje.
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Danilo Rafael Araujo Daza es un curtido abogado, oriundo de San Juan del Cesar, quien ha sido asesor jurídico del Departamento en varias administraciones. En el año 2017 pasó al distrito de Riohacha, tomando posesión como asesor del Despacho, tras su designación a través del decreto No. 034 del 17 de mayo de ese año y se juramentó ante la alcaldesa encargada del distrito de Riohacha, Isseth Tatiana Barros Brito.
Anteriormente, Araujo Daza había sido dos veces Jefe de la Oficina Jurídica y Jefe de Contratación del Departamento de La Guajira, Contralor General del Departamento, Asesor externo de entidades públicas y privadas entre ellas; el Instituto de Tránsito del Atlántico y las alcaldías de Fonseca y Distracción, entre otros cargos.
Araujo Daza es Magister en Gestión de Empresas y Liderazgo y en Derecho. Así mismo, es especialista en Derecho Administrativo y en Contratación estatal. En el año 2022 ostentaba dos cargos en el Departamento, siendo catalogado como súper secretario: Jefe de la Oficina Jurídica y secretario de Educación, cargos que dejó tirados renunciando abruptamente y de manera irrevocable, para defenderse de los señalamientos que le hace la Fiscalía.
En cuanto a la fundación, se trata de ‘Progreso en Marcha’, originaria del municipio de Hatonuevo, sur de La Guajira, cuyo representante legal es Eduar Alberto Ortiz Corzo, quien está gozando del beneficio de detención domiciliaria, al igual que la exsecretaria de Salud del distrito, Vanessa Ramírez Pugliesse.
Dicho convenio fue realizado por la suma de 1 mil 850 millones de pesos, de los cuales, la alcaldesa de ese entonces, Alexa Henríquez, giró el anticipo del 50 por ciento del valor del contrato, sin embargo, por presión de la Contraloría Nacional el recurso fue ingresado nuevamente a las arcas del distrito de Riohacha.
El abogado Iván Fuentes Acosta quien defiende a Danilo Rafael Araujo Daza indicó que, “en la fugaz administración de Alexa Henríquez desde la secretaría de Salud se hizo una petición, teniendo que elaborar un convenio y el defendido mío le correspondía verificar si los procedimientos que se estaban haciendo reunían los requisitos de ley.
Precisó que, “lo presento porque él quiere responder por las sindicaciones que le van hacer. Él es el que tiene menos responsabilidad en este proceso, porque solo se suscribió a dar el visto bueno sobre la elaboración del convenio”.
En síntesis, una fuente creíble le contó a La Guajira Hoy que todos los funcionarios que en su momento participaron de este torcido, tienen que rendirle cuentas al fiscal 04 Seccional de Administración Pública de Riohacha, porque aunque el recurso no se perdió, los dineros públicos son sagrados y por el mal actuar de los funcionarios no se pueden poner en riesgo.
En ese sentido, se desconoce el paradero de la cuarta persona que tendría que rendirle cuenta a la justica, se trata de Alexa Henríquez Luquez, que para la época de los hechos ostentaba la dignidad de alcaldesa encargada de Riohacha.
