Hilda Lubo, funcionaria del PNUD cuando dialogaban en su despacho con el alcalde de Hatonuevo, Rafael Ojeda Brito.
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Una nueva mirada hacia el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en La Guajira, es uno de los resultados del convenio entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-y la Fundación Cerrejón, enmarcado en el acompañamiento a las administraciones municipales en este departamento colombiano.

Avanzar en la implementación de esta alianza fue un paso importante en la consolidación institucional, a partir de la construcción de planes de desarrollo que cumplan la normatividad colombiana y atiendan a la aplicación de los instructivos emitidos por el Gobierno Nacional.

Con esta iniciativa, se apuesta a generar documentos ajustados a la realidad y que respondan a políticas más incluyentes. Así mismo, ha permitido establecer empalmes exitosos entre las administraciones salientes y entrantes, acordes a la Ley 951 de 2005.

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Impacto en 5 municipios

Los alcances de este trabajo conjunto ha impactado en las comunidades de cinco municipios del departamento: Manaure, Uribia, Maicao, Hatonuevo y Barrancas, a través de acciones que apuntan a soluciones orientadas a las necesidades de la población, traducidos en beneficios y garantías para la seguridad alimentaria, agua potable, infraestructura, entre otros temas que favorecen a los grupos étnicos predominantes en la región.

Voces institucionales

Para el PNUD esta estrategia contribuye al beneficio de la comunidad guajira, al ser incluida en todo el proceso de formulación del Plan de Desarrollo, sobre todo porque es necesario consultar con la ciudadanía para identificar las problemáticas que realmente le afectan, con miras a plantear soluciones que permitan optimizar sus condiciones sociales, económicas y culturales.

Según Wil Vides de la Fundación Cerrejón, “el beneficio otorgado a la sociedad civil está representado en la activación de los mecanismos de participación en las comunidades, es decir, que se vigile la gestión pública para vincular a los distintos sistemas de participación ciudadana en estos temas”.

Cabe destacar que este convenio fue suscrito en el 2015 con el objeto de promover escenarios de debate y procesos de concertación entre las alcaldías, Consejos Territoriales de Planeación y Concejos Municipales, a fin de lograr un mejoramiento continuo en la formulación de estos instrumentos de gestión.