Una de las acciones que emprenderá la empresa de energía, es la de combatir el hurto del fluido eléctrico y para ello trabaja con su equipo jurídico en procesos penales en contra de los clientes que obtienen la energía en forma ilegal.
El artículo 256 del Código Penal tipifica el delito de Defraudación de Fluidos con una pena hasta por 6 años de prisión, pena que se puede agravar si se comete en concurso con otras conductas punibles al que mediante mecanismo clandestino o alteración de los sistemas de control o aparatos contadores se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno.
A la fecha existen investigaciones penales en marcha en La Guajira por manipulación de redes eléctricas, transformadores, medidores y hurto de cables.

Frente a esta problemática, de manera equivocada algunos piensan que solo en los estratos bajos o en sectores de alto nivel de pobreza se ‘pegan’ a las redes y manipulan medidores para disfrutar de la energía gratis.
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Sin embargo, a diario se detectan casos en estratos altos, establecimientos comerciales e inclusive industriales, quienes con estas conductas también defraudan los valores a pagar por concepto de la contribución, recurso con el que se financian los subsidios de las familias con menores ingresos.
De acuerdo con cifras entregadas por la empresa Air-e que opera el servicio de energía eléctrica en La Guajira, la compañía heredó del antiguo operador unas pérdidas mensuales del orden del 35 % por hurto de energía.
Esto implica que de cada 100 kilovatios que se compran a los generadores, se roban 35 y solo se puede facturar el 65 % de la energía.
Para el caso de La Guajira recientemente Salinas de Manaure se le detectó una conexión ilegal y ha sido reincidente en reconectarse arbitrariamente. Igualmente, en varios establecimientos comerciales de Riohacha se han encontrado conexiones ilegales.