Los miembros del Consejo Superior de Palabreros: Germán Aguilar, Orangel Gouriyu, Aníbal Mercado, asesor y Rafael González, le han solicitado el fiscal general de la nación trasladar a Bogotá el proceso que se le sigue a Fabio Zuleta.
Los miembros del Consejo Superior de Palabreros: Germán Aguilar, Orangel Gouriyu, Aníbal Mercado, asesor y Rafael González, le han solicitado el fiscal general de la nación trasladar a Bogotá el proceso que se le sigue a Fabio Zuleta.
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En carta dirigida al Fiscal General de la Nación, Fernando Barbosa, el Consejo Superior de Palabreros le solicita que el proceso que le abrió al humorista Fabio Zuleta Díaz y al indígena wayuu Roberto Barroso por haber trasgredido el sistema normativo y régimen de prohibiciones contra la moral, dignidad y reputación de la mujer wayuu, sea trasladado a la capital del país.

El documento lleva la firma de los palabreros Rafael González Epieyu, palabrero presidente y los palabreros mayores: Orangel Gouriyu y Juan Cambar Pusaina.

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Dicho proceso se abrió por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, porque se presume que los antes mencionados ha sido infractores de la ley penal y como le corresponde a la Fiscalía del circuito judicial del municipio de Valledupar llevar el asunto, piensan que puede ser manipulado por las relaciones que la familia tiene esa ciudad.

Fabio Zuleta
Fabio Zuleta.

En ese sentido, los nativos en su misiva argumentan que, «el señor Fabio Zuleta y su familia mantiene un pleno dominio de poder en todas las esferas y círculos sociales, no es oportuna, coherente, trasparente ni sano para la justicia de este tema que se le ha considerado altamente alarmante y de pronunciamiento y preocupación por toda la sociedad colombiana».

Afirman que temen que no hayan garantías del debido proceso y que el mismo no vaya a resultar viciado por las razones que han planteado, por lo que solicitan su reasignación y cambio de territorialidad y ojalá sea trasladado a la ciudad de Bogotá.

Manifiestan que allá el fiscal a quien le asignen el proceso puede «actuar sin prevenciones ni presiones de ninguna índole. Lo anterior no quiere decir que se esté acusando en ninguna forma a la profesional que en este momento lo tiene, pues contra ella no tenemos nada que opinar ni denigrar».

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Igualmente, indican que por este mismo hecho se están llevando a cabo audiencias virtuales por parte de la secretaría de Asuntos Indígenas Departamental de La Guajira, donde autoridades de resolución de conflictos (palabreros, autoridades indígenas), líderes y organizaciones de la red de mujeres wayuu, han valorado los alcances y afectaciones que se han causado.

También consideran que es un tema que se debe abordar en el marco de la interjurisdiccionalidad, a efectos de garantizarle el debido proceso al señor Zuleta y al pueblo wayuu, tal como está dispuesto en el procedimiento penal y desarrollado en la circular 012 emanado de la Dirección de esa Fiscalía General de la Nación, razón por la cual amerita que en este caso se establezca una coordinación de justicia entre las dos jurisdicciones: penal y especial indígena wayuu.

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