La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional hará este lunes 27 y martes 28 de marzo del 2023, una inspección judicial en las inmediaciones del arroyo Bruno en el marco del seguimiento al cumplimiento de las órdenes proferidas en la Sentencia SU698 de 2017 a cargo del magistrado sustanciador Jorge Enrique Ibáñez Najar.
La diligencia judicial obedece a que el juez de primera instancia, aunque ha realizado requerimientos a las entidades sobre la ejecución de las órdenes, no ha adoptado medidas concretas para obtener el cumplimiento de lo ordenado por la Corte.
Advierte Ibáñez Najar que, se está ante una decisión que implica órdenes complejas que requieren una atención especial, persiste el riesgo de vulneración de los derechos a la salud, a la seguridad alimentaria y al agua de la comunidad actora, tal como se estableció en la Sentencia SU-698 de 2017.
También añade que, “los órganos de control designados para ejercer funciones de vigilancia y acompañamiento de las órdenes de la sentencia, manifiestan que persiste el incumplimiento, a pesar de haber intervenido y participado en la Mesa Interinstitucional”. Además, a partir del análisis de los numerosos escritos allegados concluyó que existen algunos puntos esenciales a dilucidar para asegurar el cumplimiento de la decisión.
La diligencia se llevará a cabo en el cauce natural, en el cauce desviado y en las inmediaciones del arroyo Bruno. Es responsabilidad de la Defensoría del Pueblo apoyar en la traducción del idioma wayuunaiki al español y del español al wayuunaiki.
Igualmente, la Defensoría del Pueblo y al Centro de Documentación Judicial, Cendoj, que brinden apoyo para la documentación digital y registro de la diligencia, así como con la provisión de las herramientas necesarias para efectuar la mesa de diálogo como micrófonos y amplificadores de sonido.
También se admite la asistencia de la Coordinadora de la Oficina Territorial de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de las organizaciones Censat Agua Viva, el Centro de Investigación y Educación Popular-Cinep y la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente como de observadores de la jornada de instalación de la diligencia de inspección judicial, que tendrá lugar el día veintisiete de marzo de 2023.
Asimismo, rechaza por improcedente la solicitud de asistencia de los miembros de otras comunidades indígenas formulada por las comunidades de Paradero y Gran Parada, como también refuta por improcedente la solicitud presentada por el Procurador Delegado con Funciones Mixtas para Asuntos Ambientales y Agrarios relativa a la decisión de un conflicto de intereses.
