Jimmy Boscán, Enrique Aguilar, Jean Carlos Supelano Ramírez, Hermis Gómez Gutiérrez.
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Los funcionarios públicos no son los dueños de la información, solo la protegen, en concordancia con el artículo 4 la Ley 1712 o Ley de Transparencia de 2014, «solo puede ser restringido de manera excepcional y bajo una interpretación restrictiva«, asegura el Procurador General, Fernando Carrillo Flórez.

Precisa el máximo representante del Ministerio Público, que los funcionarios no pueden negar el acceso a la información pública por capricho o razones vagas y abstractas. La opacidad es el peor enemigo de la buena gestión en una crisis y es por eso que hemos sido insistentes en el llamado a promover la transparencia en la gestión.

Manifiesta Carrillo Flórez que, se debe garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a la información veraz y oportuna, y facilitando además el control y la veeduría de la sociedad civil y el fortalecimiento de los valores democráticos». Estas declaraciones del Procurador aparecieron el pasado 13 de mayo de 2020 en el portal noticioso de la Procuraduría.

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Resulta que el director del Tránsito del municipal de Maicao, Hermis Gómez Gutiérrez estaría violando la ley y vulnerando los derechos que tienen los servidores públicos: Enrique Agustín Aguilar Blanco, Jimmy Rahall Boscán Torres y Jean Carlos Supelano Ramírez; quienes tienen dignidad de Concejales del municipio fronterizo de Maicao.

Los coadministradores del municipio le han solicitado a través de un Derecho de Petición; información para saber cómo se está administrando el Transito, cuál es el procedimiento que le está dando a las inmovilizaciones y para dónde coge el recurso que pagan los usuarios.

Asimismo, cómo se realizó la selección de hojas de vida para organizar y nombrar a través de orden de prestación de servicio a los reguladores de tránsito y otros requerimientos que son propios de los servidores públicos.

En ese sentido, los concejales, quienes hacen parte de la minoría del Cabildo debieron acudir a la justicia ordinaria para que Hermis Gómez Gutiérrez les cumpliera su petición y hasta hoy ha sido evasivo y hasta ‘mamador de gallo’.

A su turno, Hermis Gómez Gutiérrez solicitó una prórroga de 50 días para dar respuesta a los derechos de petición radicados; No obstante, al considerar vulnerado el derecho fundamental de petición regulado por la Ley Estatutaria 1755 de 2015. Los honorables concejales, en la búsqueda de salvaguardar el derecho fundamental que les asiste, presentaron acción de tutela, la cual correspondió por reparto al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Maicao La Guajira.

Por su parte, el Juez después de realizar el estudio normativo encontró la efectiva vulneración del derecho que reclaman los funcionarios públicos, y ordenó dar respuesta al derecho de petición en el término de 48 horas a partir de la notificación del fallo.

Es de resaltar que frente al fallo emitido podrá ser impugnado, para que sea el juez de superior jerarquía que resuelva en segunda instancia lo pertinente en el sentido de confirmar la decisión adoptada o revocarla. Este proceso también es de conocimiento de la personera del municipio de Maicao, Mayerlis Pérez Granados.

A pesar de haber sido ordenado por el juez que conoció del trámite constitucional referido, se extraña la desidia del Transito Municipal, que omite dar respuesta a lo solicitado en los términos oportunos establecidos por la ley, y además se abstuvieron de rendir el informe solicitado por la autoridad judicial lo que conlleva a pensar que se está faltando al principio de publicidad que debe regir toda actuación administrativa.

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