Francisco Antonio Ceballos Escobar
Francisco Antonio Ceballos Escobar.
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Un comunicado a los magistrados de la Corte Constitucional, emitió monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar, Obispo de la Diócesis de Riohacha y presidente del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia, con el fin de levantar una alerta urgente, sobre el estado de salud de los niños que habitan en la Península de La Guajira.

Nosotros como Iglesia Católica y como Departamento de la Defensa y Promoción de la Vida de la Conferencia Episcopal, pedimos de manera urgente a la Corte Constitucional a fin de que se dé celeridad a los procesos de seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, mover voluntades y tomar las medidas legales a las que haya lugar a fin de poder obtener resultados en la disminución de la mortalidad y la desnutrición” enfatizó.

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El prelado, indicó en su escrito dirigido a los magistrados que al conocer “la situación de abandono en que se encuentran la mayoría de los niños, niñas y comunidades indígenas del departamento de La Guajira, y el no cumplimiento de la Sentencia T-302, o pocos avances al respecto, como Iglesia Católica, que conoce de primera mano en razón de nuestro ministerio pastoral, la situación que aquí se vive, no podemos guardar silencio frente a esta grave situación”.

Así mismo, adhiriéndose a las palabras del Papa Francisco dirigidas con motivo de la 41 Conferencia General de la FAO, reveló que “la falta de alimento y de agua para millones de personas son el resultado de la falta de compasión, y escasa voluntad social y política, por lo que hago un llamado a seguir trabajando con responsabilidad y determinación, para erradicar con mayor rapidez y fuerza los complejos, graves e inaceptables flagelos del hambre y de la inseguridad alimentaria”.

Les dijo igualmente, que para combatir la falta de alimento y de acceso al agua potable, es necesario actuar sobre las causas que las provocan. “Se requiere el compromiso de los gobiernos, las empresas, el mundo académico, las instituciones de la sociedad civil, los organismos multilaterales y las personas individuales”.

En el escrito relata también sobre al reciente informe presentado por el Defensor del Pueblo, en su visita realizada a territorio guajiro el día 20 de septiembre del presente año, donde “reveló con estadísticas lo que a diario se ve en las comunidades que visitamos: el estado de salud de cientos de niños que no tienen agua, alimento, atención en salud, ni las condiciones mínimas para vivir de manera digna, a pesar de ser sujetos de derecho amparado por la CIDH y por las 14 Sentencias sin cumplimiento que tienen esta región”.

El Obispo de la Diócesis de Riohacha, les dio a conocer que con gran preocupación nota cómo las noticias siguen registrando a La Guajira como el departamento en el que se reportan más muertes de niños y niñas, por causas relacionadas al hambre, “durante los nueve meses de este año han fallecido 26 menores, lo que representa el 22,6 %. El Defensor del Pueblo también informó que entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre de este año, ocho niños y niñas menores de cinco años murieron por causas relacionadas con la desnutrición”.

Igualmente, les resaltó que “los informes de la Veeduría Ciudadana a la implementación de la Sentencia T 302 de 2017 muestran con datos los mínimos avances y acciones desarticuladas y poco eficientes de varias entidades responsables y la poca efectividad de los informes de las entidades de supervisión y seguimiento, lo mismo que el estado de los pozos perforados, y la insuficiencia de la cobertura de las pilas públicas”.

Les dijo que es lamentable la situación, si se tiene presente que el hambre es un flagelo que se ha extendido en la región por más de una década y el cual podría erradicarse, de contar con la voluntad institucional, un plan articulado de políticas públicas que lleve a las comunidades soluciones a corto, mediano y largo plazo y una acción más sistemática y seria por parte de las entidades de supervisión, seguimiento y control y así superar el estado de cosas inconstitucionales que se mantiene inamovible hasta el día de hoy.

Por último, les expresó que “es urgente frenar cualquier estado o riesgo de desnutrición de un menor o madre gestante en Colombia y en especial, dentro de esta península, donde los niños ya no tienen un tiempo de espera. Es indispensable detener los plazos concedidos para la presentación de un plan de acción que permitan obras que salven vidas de manera permanente, definitiva, universal y con sostenibilidad en el tiempo”.

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