Aspecto de la intervención del magistrado Iván Humberto Escrucería Mayolo en el conversatorio realizado en Riohacha.
Aspecto de la intervención del magistrado Iván Humberto Escrucería Mayolo en el conversatorio realizado en Riohacha.
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Con la presencia de por lo menos sesenta personas entre líderes indígenas, palabreros, docentes, investigadores étnicos, abogados y estudiantes, se desarrolló en las instalaciones de la universidad de La Guajira un conversatorio donde se pretendió entregarle a la comunidad el mayor número de información sobre lo que es la Sentencia T302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao.

El evento al que se le dio un carácter enteramente pedagógico sin apreciaciones con muchos tecnicismos jurídicos para la mejor comprensión del proceso por el grueso de la concurrencia que no era de abogados, estuvo orientada por el magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Iván Humberto Escrucería Mayolo.

Se trató de una disertación en la que quedó bien claro que en los seis años que tiene la sentencia de haber sido expedida, no se ha avanzado mucho, sin embargo, hace tres años la corte observó que no se estaba andando por el mejor camino y dispuso los mecanismos para hacer cumplir la sentencia, en la ordenaba proveer a la comunidad Wayuu de los elementos y servicios que por su ausencia en el entorno natural de los aborígenes, los habían llevado a un estado de completa postración, sobre todo en la población infantil con muchos muertos por enfermedades asociadas a la desnutrición.

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Para poder lograr un mecanismo que obligara a los gobiernos a solucionar los problemas de estos aborígenes, la corte expidió el auto 1193 /01, con el cual se obliga al Estado a garantizar y respetar los valores, creencias, actitudes y conocimientos, esto es, proteger su integridad étnica, cultural y social, pues de ello depende la subsistencia de los pueblos indígenas y tribales.

Los magistrados fueron un poco más allá y crearon la mesa técnica para sentar a los responsables de propiciar el bienestar de esa comunidad y se dieron cerca de un centenar de órdenes que debían cumplirse por los agentes del Estado, empezando desde el nivel nacional, departamental y de los cuatro municipios que fueron protegidos. Algunas de esas órdenes tienen término para ser cumplidas hasta la primera quincena del mes de julio.

Aunque las múltiples sentencias que se han expedido por diferentes organismos de justicia, incluso organizaciones internacionales, en este evento quedó claro que el bienestar de los nativos es un compromiso de todos y si esto es así, los mismos nativos pueden poner una buena cuota, no solo en el cuidado de sus hijos, sino con aportes que sean importantes.

César A. Arismendi Morales
César A. Arismendi Morales.

Cesar Arismendi Morales, uno de los veedores habilitado por la Corte Constitucional en representación de la sociedad, sostiene que más de 80 mil millones que transfiera la nación a los resguardos wayuu podría ser de gran utilidad para el desarrollo de proyectos de desarrollo. “Con esa cantidad de dinero son más de cuatro chivos los que se pueden adquirir, pero también desarrollar otros proyectos en beneficio de la población, sobre todo, la infantil”, dice Arismendi Morales.

Planes de Desarrollo no contemplan la Sentencia T302

Para muchos de los asistentes todas estas conductas son contrarias a lo que se debería estar dando en favor de la comunidad indígena, pero indican que lo que es mucho más grave es el desinterés mostrado por los alcaldes que acaban de aprobar sus planes de desarrollo.

Se ha dicho que esos planes son la carta de navegación de las alcaldías y en estos, con una solo excepción de los cuatro municipios accionados en el fallo de la Corte donde se determinó el estado de cosas inconstitucional, no presentaron proyectos ni partidas significativas para para mejorar las condiciones de vida de estos ciudadanos, tanto, adultos como los menores que son los más impactados por la crisis humanitaria que aún persiste.

“Dediqué muchas horas de trabajo al estudio de los Planes de Desarrollo de Maicao, Uribia, Manaure y Riohacha que son los municipios accionados por la Corte, y con gran tristeza encontré que con la exclusión de Riohacha, que apenas hace mención para algunas obras que deben desarrollarse en el mandamiento de la Alta Corte, los demás actores, se mostraron ajenos al real interés de trabajar en la solución de la crisis, como si ellos estuvieron excluidos, siendo que son los entes territoriales que en mayor grado tienen compromiso de buscar solución a esta crisis humanitaria”, dice el economista César Arismendi.