Un nuevo proceso enfrenta el exgobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier, quien fue llamado a juicio por presuntas irregularidades en la contratación de alcantarillado para Riohacha, obra que se inició en el año 2001 con la firma del contrato 487 y Hasta el sol de hoy, los riohacheros no tienen como tratar las aguas servidas. En el anterior proceso es la construcción de los Megacolegios.
En La Guajira se tuvo conocimiento de este proceso que le sigue la Corte Suprema a Pérez Berner fue a través del medio capitalino El Espectador, lo que invitó a La Guajira Hoy a realizar un trabajo periodístico para entregar mayores detalles de este contrato, trasladándose al lugar y efectivamente, encontró un solo hueco gigante como la mitad del estadio Federico Serrano Soto.
Inicialmente, en el periodo constitucional 2001 al 2003 del gobernador de ese entonces, Hernando David Deluque Freyle, se firma el contrato 487 del 2001 por un valor de COP$ 2.119 millones y fue adjudicado a la empresa del riohachero, Fernando Garantivá Brugés.
El propósito del contrato era construir la laguna de oxidación para Riohacha y para ello se disponen de 400 hectáreas de tierras. De dicho convenio el contratista recibe el 50 por ciento de anticipo y afirma haber entregado obras por valor de COP$ 1.448 millones.
En dialogo con La Guajira Hoy, Garantivá Brugés afirma que el departamento le quedó debiendo y en la actualidad esa deuda asciende a más de COP$ 2.000 millones y además, dice que los únicos mandatarios que les vio interés para que Riohacha tuviera laguna de oxidación fueron Jorge Pérez Bernier, Jaider Curiel Choles y a Juan Francisco Gómez Cerchar, y asegura que éste último si hubiese destrabado éste proyecto y ya los riohacheros tuvieran su laguna de oxidación.
En el año 2010 en su gobierno Jorge Eduardo Pérez Bernier de 69 años de edad, oriundo de Riohacha, gobernador en dos ocasiones, decide avanzar con la construcción de la laguna de oxidación Junto con el alcalde de Riohacha, Jaider Curiel Choles, fallecido; y acuerda con el contratista inicialmente un reajuste para llevar los precios del contrato del 2001 al 2010 por un valor de 1.035 millones de pesos, quedando actualizado el valor del contrato en la suma de 3.154 millones de pesos.
Posterior a este reajuste suscriben una acta adicional por el 50% del valor del contrato (reajustado) por valor de 1.577 millones, para un gran total de 4.731 millones de pesos; según el ente investigador el presunto delito se comete cuando al referido reajuste de precios se les olvida soportarlo presupuestalmente, lo que vicia de ilegalidad tanto al reajuste como a la posterior adición.
Por otro lado, las actas parciales cobradas no son congruentes con la realidad del proyecto, todo lo anterior podría desencadenar responsabilidades de tipo fiscal por más de COP$ 3.000 millones para la época del año 2010.
Inmediatamente, el Departamento desembolsa el 50% de los nuevos recursos como anticipo de la adición: un total de $788 millones. Un mes después, el 31 de enero de 2011, las partes firmaron un acta de recibo parcial y la empresa contratista se quedó con otros $342 millones. Según Garantivá Brugés se tomó ese recurso entre otras cosas para indemnizar a comunidades indígenas que habitaban muy cerca de la laguna de oxidación y quienes tenían paralizada las obras.
En el proyecto inicial eran nueve lagunas, después de la adición al contrato en el año 2010, se replanteó construir solo cinco: tres facultativas, con un área de 5,9 hectáreas cada una; dos de maduración, con un área de 4,3 hectáreas cada una; y el emisario final, con lo cual todo quedaría desplegado en un espacio de 59,6 hectáreas.
Dada la transformación, de acuerdo con el ente investigador, si Pérez Bernier pretendía materializar el sistema de alcantarillado, debía hacerlo a través de un contrato adicional y no una adición al contrato. Figuras distintas, que hacen la diferencia en el expediente.
“Esta actuación de la administración a cargo del procesado, se caracterizó por actos irregulares que desconocieron principios esenciales de la contratación estatal, cuando, en forma subrepticia (oculta), dando apariencia de que se trataban de dos adiciones al contrato 487 de 2001, que solo modificarían el tiempo y valor inicialmente pactado, en realidad cambió el objeto contractual original, lo que obligaba a celebrar un contrato adicional”, explicó la Fiscalía, al periódico El Espectador.
“La adición procede cuando se presentan circunstancias que no afectan la esencia del contrato y son imprevistos; esto es, solo conllevan modificaciones accesorias; por el contrario, cuando se varía el objeto contractual o existe una modificación de fondo, estamos en presencia de la necesidad de un contrato adicional que, dada su naturaleza, deben cumplir los requerimientos de ley para su existencia y legalidad”, aseguró la Fiscalía, al diario capitalino.
Asimismo, la Fiscalía habría hallado unos pagos injustificados tras rastrear el dinero entregado por la gobernación de Pérez Bernier: Un desembolso de COP$ 3 millones para el ciudadano Henry Arismendy por ‘abono al edificio Yosu’; seis pagos por COP$ 17 millones por concepto de liquidación de contrato laboral, con membrete de la empresa ICG Ltda; y tres pagos por intereses COP$ 12 millones a nombre de Wilson Grecco, Luis Ramírez y Fernando Garantivá, representante de la Unión Temporal CV-IVG, precisa el medio de Bogotá.
La Guajira Hoy trató por diferentes medios conocer la versión del exgobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier y fue imposible.
