Los wayúu se siguen muriendo de hambre y de sed.
Los wayúu se siguen muriendo de hambre y de sed.
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Este 8 de mayo del año 2017, la Corte Constitucional consideró a través de la sentencia T 302 que la solución a la crisis de desnutrición de los niños y niñas Wayúu se solucionaría con la participación de todas las entidades públicas del resorte nacional, departamental y municipal.

Tres años después y pareciera que se perdió el tiempo y los guajiros no se han puesto de acuerdo para exigirle al gobierno nacional que le entregue a La Guajira, que cumpla con la Sentencia.
Tres años después y pareciera que se perdió el tiempo y los guajiros no se han puesto de acuerdo para exigirle al gobierno nacional que le entregue a La Guajira, que cumpla con la Sentencia.

Sin embargo, tres años después, todo está en pañales. Todavía no se han puesto de acuerdo para ir en una misma dirección y todos aportarle para resolver la problemática de raíz.

En ese momento el Estado estaba en el paredón y solo atinó en afirmar que los nativos de la etnia Wayúu no se dejaban ayudar, como si las comunidades estuvieran pidiendo ‘ayudas’, cómo si sus derechos no fueran obligatorios.

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Los wayúu siguen esperando, con la esperanza que tendrán un mejor futuro para sus hijos.
Los wayúu siguen esperando, con la esperanza que tendrán un mejor futuro para sus hijos.

Conociendo la situación, la Corte identificó cuatro problemáticas: agua, alimentación, salud y participación en 16 decisiones más que se deben dar en donde ellos tienen injerencia.

La Sentencia contempla que el plan de acción o política pública para su implementación se debe construir con la participación activa de las autoridades y organizaciones, es decir, ella debe orientarse bajo los principios de la autodeterminación, interacción que no puede ser reducida a una simple mesa de socialización, consulta y relaciones unilaterales.

En su exposición durante la audiencia convocada por el Tribunal Superior de Riohacha, el 6 de marzo de 2020, el procurador Regional de La Guajira, Alfredo Moisés al respecto dijo“ no podemos erradicar el estado de cosas inconstitucional si no se tienen en cuenta a la comunidad en un diálogo realmente genuino, un diálogo sincero, un diálogo donde se tenga en cuenta a todas las comunidades, no un diálogo maratónico.

Para el economista Cesar Antonio Arismendi Morales, después de tres años, La Guajira aún no cuenta con un plan de acción articulado como resultado del trabajo conjunto de las 24 entidades accionadas (presidencia- ministerios, gobernación y alcaldías) que permita cumplir integralmente con las responsabilidades específicas asignadas.

Cesar Arismendi Morales
Cesar Arismendi Morales.

Según Arismendi Morales, el gran obstáculo que se presenta para el efectivo cumplimiento de la sentencia, está centrado en la no disposición de un sistema de información real sobre la cantidad y ubicación de las comunidades, pues hay inconsistencias entre los datos del Dane, el servicio de salud y las entidades territoriales. 

En estas condiciones al economista le surgen varias preguntas; ¿cómo se puede hacer un plan integral, articulado e inteligente que permita establecer presupuestos y resultados? ¿cómo se pueden definir criterios de priorización, gradualidad y universalidad de los derechos fundamentales de los niños y sus comunidades?

Las alcaldías de Riohacha, Manaure, Uribia, Maicao, al igual que el gobernador de La Guajira pueden hacer la diferencia, ya que tienen la oportunidad de trascender e iniciar el proceso de cambio planificado de esta realidad en coordinación con la nación a partir de la estructuración de los planes de desarrollo 2020-2023, en donde se deben incluir las necesidades de las comunidades, acatando las órdenes dadas en la Sentencia T302 de 2017.

Finalmente, Arismendi Morales, manifiesta que, la sentencia T-302 de 2017 es una oportunidad para La Guajira, es un obligado punto de encuentro entre la región y la nación para propiciar condiciones de desarrollo económico y social en el territorio.

Se espera que para el próximo cumpleaños se espera que se puedan evidenciar y celebrar avances en la superación del estado de cosas inconstitucional, con un gobierno capaz de generar acciones conjuntas a nivel nacional y regional, ejecutadas de la mano de un diálogo genuino con las comunidades, en aras de garantizar los derechos fundamentales y la pervivencia de la etnia Wayúu.