En un acto sin precedentes, el Estado colombiano admitió responsabilidad por 23 ejecuciones extrajudiciales, ocurridas entre 2003 y 2008 en Cesar y La Guajira. Familias indígenas y campesinas, que durante años clamaron justicia, recibieron por fin una solicitud de perdón público, que más que simbólica, busca abrir una ventana hacia la reparación y la verdad.
Un acto ordenado por la justicia y exigido por las víctimas
El evento tuvo lugar este sábado 15 de noviembre de 2025 en Valledupar. Allí se encontraron miembros del Gobierno, representantes de comunidades Wiwa, Kankuama y organizaciones de derechos humanos, acompañados de sentencias judiciales que mandaron este reconocimiento. Las víctimas, por fin, dejaron de ser cifras frías en expedientes judiciales y ocuparon el lugar que merecen: el de seres humanos a los que les arrebataron la vida y la dignidad.
Durante la ceremonia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue contundente: “Estos hechos jamás debieron ocurrir. Pido perdón a las madres, padres, hijos, hijas y a las comunidades indígenas a las que pertenecían las 23 personas que hoy no están aquí”. No hubo eufemismos para disfrazar la brutalidad: Sánchez calificó estos asesinatos como “acciones ilegales, reprochables y criminales”, ejecutadas por quienes debían proteger a la población.
El general Erik Rodríguez, comandante encargado del Ejército Nacional, sumó su voz al acto, reconociendo que estas muertes representaron una desviación indignante del deber constitucional de proteger. “Pedimos perdón a las familias afectadas. Lo que ocurrió es irreparable. Fue barbarie”, sentenció, sin esconder la vergüenza institucional.
La dignidad está de vuelta para las familias que no se resignaron
Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de Oseas Tomás Arias Martínez, familiar de una de las víctimas: “Por años no pudimos ni reclamar ni llorar a nuestros muertos. Este reconocimiento representa dignificación, alivio y un avance hacia la reconciliación”.
Lo que se escuchó en Valledupar no fueron simples discursos, sino la voz cruda del dolor sin justicia. Ese dolor lo reforzó Denis Martínez, hermana de Noemí Pacheco Zabata, una niña indígena Wiwa de 13 años asesinada y presentada falsamente como guerrillera: “Mi hermana era inocente. La mataron embarazada. Este vacío no se supera nunca”.
El reconocimiento de responsabilidad es una obligación dictada por tribunales del Cesar, La Guajira y Cundinamarca, que concluyeron que los hechos fueron cometidos por integrantes del batallón La Popa, con sede en el Cesar, y del batallón Juan José Rondón, ubicado en el sur de La Guajira. Ambas unidades manipularon cuerpos, simularon combates y fabricaron resultados a cambio de incentivos operacionales.
Estas sentencias no solo calificaron las muertes como graves violaciones a los Derechos Humanos, sino que también catalogaron varios de los casos como crímenes de lesa humanidad. Esto implica que no prescriben y serán recordados como una mancha imborrable en la historia militar de Colombia.
Memoria viva, justicia pendiente
El estado reconoció como víctimas, entre otras, a: Noemí Pacheco Zabata; Deivis de Jesús Pacheco Hernández; Carlos Alberto Vega Camacho; Javier Pushaina Pushaina; Luis Ángel Fince Ipuana; Gasparito Cambar Ramírez; Néstor Oñate Arias; Víctor Hugo Maestre; Martín Villazón Ochoa; y Hermes Carrillo.
Este perdón público es un paso necesario, pero insuficiente. Las familias quieren más que palabras: necesitan saber quién ordenó, quién encubrió, quién se benefició. Y quieren garantías de no repetición. El acto en Valledupar no cierra heridas, pero al menos da señales de que la verdad, lenta y a cuentagotas, sigue abriéndose paso.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez junto con los familiares de las víctimas de los falsos positivos; quienes reclaman más información sobre la forma como falleció su familiar.
