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El uso de armas de fuego en las familias guajiras, parece un fenómeno existente desde siempre que obedece a variadas causas pero que gratamente va en descenso. Afortunadamente, no compartimos las posiciones guerreristas o armamentistas de sectores políticos del orden nacional que basan su proyecto político en el impulso de situaciones de fuerza para imponer algo que llaman “orden constitucional”, así se lleven de contera los derechos civiles de la gente del común.

Entre los habitantes de La Guajira, no era mal vista la tenencia de armas de fuego. Por ello se hacía uso de ellas en momentos de jolgorio y hasta para despedir el año viejo y darle la bienvenida al nuevo, los guajiros sacaban su “dotación particular” y disparando al aire demostraban que tan eufóricos se encontraban. No eran armas de guerra, ni eran para agredir al otro; mucho menos para infringir el código penal.

Muy posiblemente el uso de las armas en La Guajira tiene que ver con el abandono secular por parte del gobierno central a estas tierras catalogadas siempre como inhóspitas y lejanas, como pertenecientes al más allá, incivilizadas y agrestes, algo así como el histórico “lejano oeste“ norteamericano donde la ley también llegaba tarde. La ausencia de estado se vuelve ausencia de normas y aún si existieran, se desconfía de ellas. Por ello, el guajiro poco ha confiado en sus instituciones. Y esto, no es de ahora.

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Y como no confiaba en sus instituciones tampoco confiaba en las fuerzas del orden, ni en policías, ni en soldados. El guajiro prefería arreglar sus diferencias por otros métodos más directos. Por eso, se refuerza entre los wayuu su bien valorada justicia transaccional basada en palabreros, y los alijunas, menos organizados, deciden resolver sus conflictos con el otro sin tener en cuenta las normativas legales. Los wayuu prefirieron sus usos y costumbres; los alijunas optaron por nadar entre dos aguas.

Las diferencias, antes que el comercio ilícito comenzara a llenarnos de armas de fuego, eran resueltas a las trompadas. Bien lo dice Dagoberto López por intermedio de Poncho Zuleta en su canción Costumbres Perdidas: “ya ni siquiera pelean los hombres en mi pueblo a las trompadas, ahora es puro M1 y nueve milímetros”; era una foto de la tristemente célebre “bonanza marimbera” que por años nos estigmatizó como violentos, que vendió al mundo la creencia de que la venganza personal en nuestro territorio era el pan de cada día y que las diferencias se arreglaban a punta de tiros.

El poder del narcotráfico también corrompió a las fuerzas del orden y las armas de fuego comenzaron a ser protagonistas en todo tipo de actuaciones, la mayoría en situaciones delictuosas relacionadas con la droga, pero no únicamente por esa causa. Muchos ciudadanos, en contra de la norma, pero con la connivencia de autoridades militares recibieron autorización para porte, posesión y tenencia de armas, aún de aquellas consideradas como de uso privativo de la Fuerza Pública. Era también una parte del estado corrupto, corrompiendo a los ciudadanos.

Ese triste momento de nuestra historia, dejó muchas huellas en nuestra sociedad. Dejó muertos, niños huérfanos, viudas y madres adoloridas, y padres acongojados, porque insensatamente prevalecían los tiros a las trompadas, porque el impulso estaba por encima del análisis de las consecuencias, porque la intolerancia campeaba y porque en cualquier rincón se encontraba un arma de fuego que se utilizaba más para la ofensa que para la defensa. Así actuábamos, pero ello no obsta para que todavía recordemos con dolor nuestros muertos, caídos lastimosamente antes de tiempo. 

Hoy se nos sigue calificando de violentos en un país azotado año tras año por diferentes tipos de violencia, y con toda razón porque somos tan violentos como Colombia. Actualmente el Departamento muestra índices cercanos a veintidós homicidios por cada cien mil habitantes y preocupa el municipio de Maicao que se muestra como de los más violentos del país.

Por nuestra historia y por nuestras características propias tendremos que propugnar porque sea el Estado quien responda por la protección del interés general y la convivencia social. Es el Estado el llamado a proteger los derechos de las personas y es el encargado de mantener el pacto social establecido en la constitución política.

Por lo expuesto, rechazamos las intenciones de parlamentarios del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, entre ellos, al presentar un Proyecto de Ley que busca legalizar el porte de armas para que “cada ciudadano pueda ejercer su derecho a la defensa portando libremente armas de fuego”.

La Guajira también debe rechazar tal intención, pues no es armando a la población, ni promoviendo la compra y el porte de armas, como cualquier política Trumpista, que se puede caminar hacia una paz social. El monopolio del uso de las armas debe ser de la fuerza pública, aunque haya que reformarla para que realmente respete los derechos humanos y el derecho a la protesta social. Los civiles, en una sociedad civilizada, debemos estar desarmados.