Acusaciones Anfibológicas

«Los 
juicios de valor expresados bajo señalamientos y rumores no adquieren
gran importancia dentro del Estado de Derecho porque quebrantan principios
fundamentales».

El imperativo de motivar las decisiones
judiciales o administrativas no se cumple, sin más, con la simple y llana
expresión de lo decidido por el funcionario competente, en cuanto es preciso
que manifieste en forma clara, expresa, indudable y no anfibológica su
argumentación, con soporte en las pruebas y en los preceptos aplicados en cada
asunto, pues no de otra manera se garantizan los derechos de los ciudadanos o
sujetos procesales, amén de que se haga efectivo el principio de imperio
constitucional y de la ley, esto es, de sometimiento al sistema jurídico.

La idea sigue vigente y tiene un rol
fundamental en el desarrollo de la democracia liberal, sobre todo de las
actividades de las autoridades, pero en general, respecto al conglomerado
social en su conjunto.

Dicha labor debe interactuar bajo los
principios establecidos en un Estado de Derecho y no puede obedecer al arbitrio
del funcionario, dado que cualquier institución política no es una rueda suelta
dentro del andamiaje que constituye el ordenamiento jurídico.

La función de emitir juicios de valor por
medios de comunicación, soslayando las competencias de las autoridades
consagradas en la norma constitucional, resulta una afrenta a los preceptos que
por siglos se vienen defendiendo en materia de derechos humanos, ya que no
responden tales decisiones u opiniones a una realidad.

Por eso, hacer señalamientos sobre la persona
de Juan Francisco Gómez Cerchar Gobernador de La Guajira no adquieren gran
importancia dentro del Estado de Derecho porque quebrantan principios
fundamentales, menoscabando e incluso anulando la presunción de inocencia que
tiene todo ciudadano, la valentía y dignidad de un pueblo que se movilizó de
manera histórica buscando un cambio en la forma de administrar los recursos
públicos.

Así, la tesis clásica de la presunción de
inocencia ha sido revaluada por la dogmática jurídica, cruzando dicha teoría a
un estado de inocencia que tiene que ser destruido por quien acusa, de ahí que
la carga probatoria siempre corresponde a éste y no a sí, a quien es acusado;
por eso, en ocasiones anular completamente ese principio, edificaría el de
culpabilidad extrajudicial, que estigmatiza a las personas y sentencia sin
derecho alguno a la defensa.

La lucha que la dogmática jurídica ha librado
durante décadas para que la actividad pública y privada respeten la
constitución y la ley bajo el derecho al debido proceso es válida y compartida,
dado que los límites a cualquier acción debe enmarcarse dentro de los
parámetros establecidos para un Estado Democrático de Derecho y los principios
constitucionales. Los preceptos normativos deben probarse más allá de la duda
razonable.

Esquirlas 1: 126 mil guajiros en octubre de
2011 le apostaron a la capacidad y don de gente de Juan Francisco Gómez
Cerchar. Respetuoso de la justicia colombiana, de los medios de comunicación,
empero debe rechazarse enfáticamente todo improperio.  [email protected]