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Al expedir Decretos Legislativos, acto de gobierno, no es competencia de la Corte Constitucional calificar durante la vigencia del Estado de Emergencia la conveniencia de su expedición y vigencia, ni la apreciación del gobernante sobre la oportunidad y necesidad, ni su conexidad fáctica. El acto de gobierno impide al juzgador adentrarse en el estudio y valoración sobre la realidad de los hechos invocados por el ejecutivo para su expedición. 

Esta medida de control jurídico sólo es susceptible en el aspecto normativo, no en su acontecer real. Si el gobierno invoca como causa para expedir Decretos Legislativos, una Emergencia de Economía, salubridad y de otras medidas en ese sentido, no tendría la Corte facultad para entrar a examinar la exiquibilidad de un decreto legislativo, que adopte medidas de prevención debido al coronavirus durante la vigencia del Estado de Emergencia.

Todos los decretos estarían bajo legal presunción encaminados a prevenir en la comunidad la salubridad y la solución de la economía posterior de los ciudadanos, y la inexiquibilidad entraría si es el caso, en vigencia a partir del momento en que se levante el Estado de Emergencia, ya que de esta manera el ejecutivo pierde la facultad de expedir Decretos con fuerza de ley.

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En tal caso hay que hacer diferencia entre la fecha en que se expida el decreto de Estado de Emergencia y la fecha de suspensión de tal  decisión, debido a que a la Corte Constitucional le compete en esta situación el juzgamiento del decreto, en tanto que la función propia del Congreso como depositario de la función pública, le correspondería la del control de la conducta de quienes transitoriamente ejercían funciones de legislador de los que conforman el ejecutivo

Jamás a mi modo de ver, se puede aceptar dentro de un correcto ordenamiento jurídico legal, el que juzgue la Corte si cuando el ejecutivo expidió el decreto, tenia facultad para hacerlo, pues esta actitud sólo podría ser objeto de control político, limitándose la Corte, al momento de entrar en vigencia el Decreto Legislativo, si existían todos los requisitos y pruebas suficientes para que el ejecutivo tomara esa determinación. Y si dentro de la competencia de la Corte, la naturaleza del decreto que dio origen a la Emergencia Económica, como acto legislativo y acto de gobierno y sus facultades para expedirlo.

Al respecto debo decir, que a la luz de la Carta de 1991, la Corte según a lo allí establecido, el estudio de los Decretos Legislativos (Leyes), al tenor de la voluntad de los Constituyentes que la elaboraron, la cual señala sin evasiva alguna expresamente, la facultad Formal para su estudio y no de fondo de dicha Corte, para dar en derecho aspectos de legalidad de la norma.

Muchos especialistas en Derecho Constitucional consideran, que los Decretos Legislativos dictados por el gobierno, deben ser solamente sujeto de análisis en el aspecto puramente formal, y no desde un análisis para su exiquibilidad en el aspecto de fondo, ya que con la puerta abierta como es costumbre en la interpretación de los Magistrados, analizan la norma en aspectos de fondo y la Corte como si nada sigue Legislando.

Sin embargo, la Corte no debe inhibirse de conocer de la revisión oficiosa de los decretos legislativos una vez declarado el restablecimiento del Estado de Emergencia.

Y sin extralimitar sus funciones como guarda de la Constitucionalidad, puede entrar a catalogar la conexidad normativa meramente Formal, que el propio gobierno decida invocar como causal de justificación en su decisión al expedir los decretos.

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