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La crisis económica y la incertidumbre financiera a causa de la pandemia por el coronavirus ha puesto a muchos gobernantes a tomar decisiones ligeras, sin estudio profundo, sin el análisis legal adecuado y muy expuestos a cometer errores con lo que están regulando y decretando.

En el ámbito tributario y financiero no puede haber excepción, ya que es un sector muy importante y que genera muchos ingresos para el financiamiento de los gastos del estado y su inversión, como lo dicta la carta magna de nuestro país, dentro del cual se han expedido una serie de decretos los cuales posteriormente en su evaluación la Corte Constitucional avala o rechaza.

Es el caso entonces del Decreto Legislativo 678 del 20 de mayo de 2020, por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, donde su principal objetivo es brindar apoyo a los contribuyentes con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y financieras otorgando descuentos, créditos y difiriendo sus saldos pendientes. 

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Adicionalmente, este tipo de alivios tributarios les permitía a las entidades territoriales obtener ingresos en medio de la coyuntura nacional para suplir las necesidades inmediatas de sus poblaciones y además actualizar las carteras pendientes con los contribuyentes.

Dentro de los alivios y ayudas que brindaba el Decreto Legislativo 678 a los contribuyentes estaban los descuentos de hasta el 20 % en el capital, sin intereses o sanciones en el pago de las obligaciones por impuestos, multas, tasas y contribuciones, como mencioné anteriormente, sus principales fuentes de ingresos.

Luego de su expedición los gobernantes de turno utilizando las redes sociales y medios de interacción con la comunidad, iniciaron campañas activas de motivar a todos los deudores a acogerse a los alivios tributarios y ponerse al día con sus obligaciones vencidas y en curso, como fue el caso de los gobernantes del departamento de La Guajira y todos sus municipios.

Muchos contribuyentes y deudores aprovechando los alivios lograron ponerse al día con sus obligaciones vencidas pasados varios años y por medio del pago, con descuentos incluidos, aportaron en el ingreso de sus municipios y departamentos, muy necesarios para financiar los gastos de insumos y protocolos necesarios para mitigar los contagios por el virus que nos agobia.

Solo pasados unos meses, y después de su análisis y evaluación por parte de la Corte Constitucional, el Decreto Legislativo en mención fue declarado inexequible en sus artículos 6, 7 y 9, esto por medio de la Sentencia C-448 de octubre de 2020, alegando que tales medidas violarían los principios de necesidad y de no contradicción, como también una destinación errónea de los recursos obtenidos por recaudo de la seguridad social.

Se entiende entonces, que la inexequibilidad parcial del Decreto Legislativo 678 afecta el recaudo que venían trayendo los municipios y departamentos con sus campañas, pero creo también que se evidencia la falta de análisis y de estudio adecuado de las regulaciones que han emitido los entes encargados de las mismas, por el afán de obtener recursos y de no afectar más la economía nacional.

Finalmente, así como con el Decreto Legislativo 678 la Corte ha declarado inexequibles varias de las regulaciones expedidas en medio de la Emergencia Sanitaria, y a mi criterio vendrán muchas sentencias de igual resultado a la mencionada ya que las decisiones y normas emitidas no han sido evaluadas a fondo sobre su legalidad o constitucionalidad, sino buscando un beneficio a corto plazo para los territorios. 

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