Añorando a Proaguas

Amylkar David Acosta Medina
Amylkar David Acosta Medina
Expresidente del Congreso de la República, exministro de Minas y Energía, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Docente e investigador de las universidades Externado de Colombia, Los Andes y Rosario. Autor de 44 obras publicadas.

¡Dios aprieta pero no ahorca!

Quedé gratamente sorprendido con la lectura de un artículo de mi amigo el ingeniero Juancho Bonivento que lo tituló interrogándose sobre la sed de La Guajira, porque con su argumentación rompe con el viejo paradigma de una guajira carente del preciado liquido, el cual ha servido como disculpa para justificar unas veces y evadir responsabilidades otras por parte del Gobierno a todos los niveles, que tiene la obligación de garantizarle el acceso al agua potable a las comunidades.

Ello, pese a que, inexplicablemente, los intentos de consagrarlo en la ley como derecho fundamental se ha hundido una y otra vez, debido al desdén y a la desidia del Congreso de la República y a la falta de voluntad política de los gobiernos.

Trae a colación el ingeniero Bonivento una cita de Moisés Carreño que es provocadora: “decir que no hay agua en La Guajira denota una desmesurada ignorancia, tan árida como el desierto que predican”. Ciertamente, se suele confundir a menudo la aridez del territorio con el desierto del mismo y la escasez de agua, no obstante que su acepción no es la misma. Al no existir un consenso sobre el significado biogeográfico de uno y otro, tampoco lo hay sobre su extensión y sus límites, de tal suerte que para lo que unos es territorio estéril o desértico para otros no lo es.

Como es bien sabido La Guajira es un territorio biodiverso, claramente diferenciado entre el Sur, la Media y la Alta guajira, siendo esta última la que soporta los mayores padecimientos por la falta de acceso al agua potable. Apelando a la cosmovisión del pueblo wayuu, nos explica el ingeniero Bonivento que para los aborígenes que “habitan la península de La Guajira”, refiriéndose al noreste más septentrional, “los sueños son una forma de recibir mensajes del más allá, la máxima autoridad del grupo recibe señales que muestran dónde encontrarían agua bajo el suelo”.

Empero, cabe preguntarse cómo hacer para que mane agua de la tierra, sin ser Moisés, quien según el pasaje bíblico hacía brotar agua de una roca tocándola con la misma vara con la que había herido el río. La respuesta nos la da el ingeniero Bonivento. Nos recuerda él cómo entre 1928 y 1946 se perforaron por parte del Gobierno Nacional 29 pozos y dos cisternas dotados con molinos de viento y dos represas para abastecer de agua potable a la población indígena asentada en territorios de los cuales se predicaba que eran áridos, desérticos o secos.

Años después, en 1932 el Banco de la República asumió la administración y explotación de la Concesión de las Salinas de Manaure. Posteriormente, el General Gustavo Rojas Pinilla creó mediante el Decreto 348 de 1955 la empresa Provisión de aguas (PROAGUAS), la cual pasó al control del Banco de la República merced a la Ley184 de 1959. A partir del año 1970 pasa a manos del Instituto de Fomento Industrial (IFI) al igual que las Salinas, en virtud de la Ley 41 de 1968 y el Decreto 1205 de 1969.

A poco andar PROAGUAS se había convertido en la bendición para las comunidades indígenas, que vieron cómo con la instalación de molinos de viento y la construcción de jagüeyes estos les sirvieron para que ellas pudieran calmar su sed y para que sus rebaños contaran con abrevaderos, además de contar con agua para el riego de sus pequeñas huertas caseras.

El balance que nos muestra el ingeniero es una muestra palmaria de que cuando se quiere se puede, pues, gracias a PROAGUAS “en 1972 existía en La Guajira 625 pozos, con una profundidad hasta los 55 metros, con molinos Aeromotor para extraer el agua, 415 jagüeyes con una capacidad entre 20.000 y 30.000 metros cúbicos y 318 pozos de anillos”. Pero, “toda esta infraestructura se perdió, los molinos se oxidaron y corroyeron, las represas fueran abandonadas, a los jagüeyes no se les volvió a dar mantenimiento, razón por la cual se colmataron e inutilizaron”.

Todo este desastre sobrevino a raíz del abandono de PROAGUAS, que tenía base en Uribia y le prestaba sus servicios a toda la península. El Gobierno Nacional aprovechó la Ley 773 de 2002 que liquidó al IFI para, mediante un pase de prestidigitación, desembarazarse de sus responsabilidades colaterales a la administración de las Salinas constituyendo la Sociedad Salinas Marítimas de Manaure (SAMA) y endosándole a esta la responsabilidad del “suministro de agua y saneamiento básico de la Media y Alta guajira”.

Y se lavaron las manos estableciendo en dicha Ley que el Gobierno Nacional “entregará (a SAMA) los activos involucrados a la prestación de los servicios públicos de provisión de agua en óptimas condiciones de funcionamiento”. Ello a sabiendas del lamentable estado en el que estaban tales “activos”, esto fue una burla a La Guajira y a los guajiros. Con razón el pueblo wayuu sigue añorando a PROAGUAS y no olvidan a Rojas Pinilla por haberles tendido la mano, ya que, desde entonces, esta, la mano del Estado, no ha estado a su alcance.

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