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Las multinacionales del carbón en La Guajira, genéricamente tratadas como El Cerrejón, si bien han impactado la economía nacional y departamental, es poco el logro en el bienestar de las comunidades locales a lo largo de los más de treinta años que llevan explotando el recurso minero.

Que han llenado a la región de regalías, cierto. Que han aumentado los niveles de empleo, también, así la oferta laboral apunte más al empleo cualificado. El PIB se ha incrementado notablemente, pero el índice Gini nos ubica como de los mas desiguales de Colombia.

Los niveles de pobreza tampoco mejoran y seguimos ubicados en los niveles mas bajos del país. Es decir, a pesar de la aparente riqueza económica, la riqueza social se deteriora y la pobreza extrema supera niveles del 26 % cuando en el país hablamos de alrededor del 7 %. Y eso que muestran siempre un ¡positivo balance social empresarial!

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Y si a la comunidad guajira en general no le va bien, a las comunidades indígenas y afros, tampoco. Desde su llegada en los años 80 se inició el despojo o desalojo de territorios wayuu y afrodescendientes, con la vista gorda o el apoyo cómplice de instituciones estatales que le hacen venia al capital facilitando su accionar. Si se quiere hablar de estos temas, allí están las historias de Tabaco, Roche y Chancleta por solo mencionar algunas.

Para El Cerrejón, el territorio es un bien comercial y lo primero que tenían que hacer era desalojar para poder descapotar y lo hicieron. Para las comunidades ancestrales el territorio es un bien cultural de uso y lucharon por él y perdieron con la multinacional. Porque mientras las multinacionales tenían el apoyo de un estado ligado a una política fundamentada en la lógica de producción capitalista, las comunidades solo tenían una débil sociedad civil incapaz de arrebatar derechos sociales.

La lucha por el uso del agua y el no deterioro del ambiente ha sido una constante en todo el período de explotación. La extracción minera, como ha sido siempre en toda la historia de la humanidad, impacta significativamente la sostenibilidad y protección del medio ambiente y en La Guajira, no podía ser de otra manera.

Aquí aparece la historia del Arroyo Bruno, del que tanto se ha hablado. Propusieron el desvío del Ranchería porque los mantos de carbón están debajo del lecho de sus aguas y primero lo primero, dijeron. Que la gente se quede sin agua, no importa. Que la explotación se detenga poniendo en riesgo la rentabilidad del proyecto, ni de fundas. No obstante, la movilidad social y los precios internacionales del carbón a la baja, hicieron que únicamente se plantearan la desviación del Arroyo Bruno, ¡como si nada fuera!

El Arroyo Bruno nace en los Montes de Oca a 420 metros de altura y provee agua a 34 comunidades wayuu y a varias afrodescendientes y campesinas. Es el afluente más importante del Río Ranchería. A pesar de su alta importancia para la vida de las comunidades asentadas en su área de influencia, el proyecto fue aprobado por CorpoGuajira con conocimiento y aceptación de Minambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Por ello, la multinacional acometió el desvío y desplazó 700 metros hacia el norte un tramo aproximado de 3.6 kilómetros del arroyo.

Las comunidades se opusieron y el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, también. Y hace poco la Contraloría General de la República se pronunció sobre lo que dictaminan estas sentencias en especial la de la Corte Constitucional, SU-618 de 2017, y  las conclusiones de la Mesa Interinstitucional que había ordenado el Consejo de Estado.

La Contraloría conceptuó que se debía frenar el proyecto por las incertidumbres existentes sobre sus impactos ambientales y sociales. Y ‘la mesa’ terminó ‘manejada’ por la multinacional y sus áulicos que impidieron la presencia de expertos particulares de la sociedad civil quienes solicitaban que el arroyo volviera a su cauce original.

De nada han valido las sentencias de las altas cortes. Han podido más las componendas institucionales que el derecho al agua y al ambiente sano. Los que siempre han vivido del Arroyo Bruno como las comunidades de Horqueta, La Gran Parada y Paradero, ya están que no creen en las instituciones del Estado.

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