Las opiniones expresadas en las columnas de opinión son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan necesariamente la posición oficial de laguajirahoy. Escríbale al autor a [email protected].


-Publicidad-
-Publicidad-

Cuenta la historia universal que Inglaterra sometió a la India durante varios siglos. Lo pudo hacer a pesar de la inmensa población hindú, porque supo aprovechar muy bien las diferencias internas de esa población, y donde no las había, las creaba. Es lo que se conoce como divide y reinarás que se ha aplicado desde siempre en el arte de la guerra pero también en nuestros pueblos de hoy.

Es lo que a mi modo de ver está ocurriendo en las relaciones, siempre conflictivas por sus fines opuestos, entre la multinacional carbonífera y las comunidades asentadas en su área de acción. El Resguardo Provincial obliga al pronunciamiento de la Corte Constitucional en defensa de derechos inalienables como la salud y la vida y Cerrejón se ve obligado a acatar o a disminuir el impacto económico que esto le pueda acarrear. Y procura lo segundo.

Provincial es el nombre de un resguardo Wayuu ubicado en el municipio de Barrancas que está compuesto aproximadamente por 680 personas. La Corte Constitucional expidió la Sentencia T-614 de 2019 mediante la cual tuteló los derechos a la salud y a la vida, entre otros, de esta comunidad porque quedó demostrado plenamente las afectaciones negativas que recibía de la explotación carbonífera realizada a menos de dos kilómetros de la población.

-Publicidad-

Y es que la afectación no es de poca monta. Polvillo de carbón en el ambiente y hasta en los techos, ruido de día y de noche por encima de los niveles permitidos, problemas dermatológicos, infecciones respiratorias agudas, enfermedades pulmonares principalmente en los niños menores, neonatos bajos de peso y hasta alteraciones en el ADN, son algunas de las consecuencias demostradas según diversos estudios acerca de la situación de salubridad de este resguardo como consecuencia de su cercanía a la explotación carbonífera y en especial a los denominados Tajos 100 y Patilla.

Fueron tantas las pruebas y las constataciones in situ que a la Corte Constitucional no le quedó otro camino que tutelar los derechos del Resguardo Provincial. Por ello ordenó a la multinacional y a diversas entidades estatales la conformación de una Comisión Técnica con participación de diversos actores de la academia científica y de la misma comunidad afectada para que se definan estándares ambientales.

Igualmente ordena a la multinacional a adelantar una serie de actividades técnicas en procura de mejorar las condiciones de la comunidad y a diversas entidades nacionales a tomar medidas urgentes y a determinar sistemas de medición ambientales y de salud que protejan a la población. Hay tarea para todos.

Hasta aquí se refleja lo que ha acontecido con diversas sentencias de nuestra Corte Constitucional, como la ya famosa T-302 de 2017 que ordena un Plan de Acción para proteger a las comunidades Wayuu de La Guajira y en especial las asentadas en los Municipios de Manaure, Uribia y Maicao.

Lo distinto ahora es que del propio Resguardo Provincial, saltan voces contradictorias: unas que agradecen la intervención de un relator de la ONU que pide protección del Estado para la comunidad de Provincial, y otras, que argumentan que no están de acuerdo con el tal relator de la ONU porque ellos (internamente) adelantan conversaciones con Cerrejón y están llegando a acuerdos que los benefician. 

¿Qué ha pasado? Hay representantes de una comunidad que no quieren que los defiendan. Y hay otros, de las bases, que denuncian que no se está cumpliendo con los mandatos de la Corte Constitucional. La deducción es fácil.

Cerrejón ha utilizado aquella milenaria estrategia de guerra de “divide y reinarás”. Genera división entre familias y comunidades ofreciéndoles proyectos productivos, como viveros por ejemplo, o sistemas de suministro de agua que no siempre son como los prometidos, pero lo importante es que acepten sus propuestas. Así coopta algunos líderes incitándolos de paso a la corrupción. Como si la salud fuera negociable.

Esa práctica de dividir a la comunidad local, sea Wayuu, afrodescendiente o campesina, cada vez se repite mas en nuestra Guajira. Se hace para amañar resultados. Se hace en los procesos de consulta previa, se hace para elegir “representantes legales” de autoridades tradicionales, se favorece a un sector para que esté a favor de otros intereses. Es la misma práctica que utilizan algunos alcaldes para conseguir votación a favor en las comunidades de su jurisdicción. Nada raro.

-Publicidad-

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here