Con un trago de chirrinchi no se borra la pobreza de La Guajira

Aldemiro Santo Choles Quintero
Aldemiro Santo Choles Quintero
Economista, Especialista en Finanzas, Experto en Economía Desarrollo local, Docente Universitario y Coaching Personal.

La Guajira no necesita gestos simbólicos, sino decisiones valientes

Al parecer, con un trago de chirinche los guajiros borramos las penas. Traigo a colación esta bebida artesanal por el acontecimiento generado en el Congreso de la República, fruto de una gestión sin pena ni gloria. Porque los guajiros esperamos de nuestros representantes acciones encaminadas a superar las carencias que nos excluyen y nos hacen desiguales frente al resto del país, no iniciativas que se reduzcan a símbolos sin trascendencia práctica.

El representante Jorge Cerchar parece no tomarse el tiempo de revisar las estadísticas que muestran el grado de pobreza en su departamento. Según el DANE, La Guajira registra una pobreza monetaria del 67% y una pobreza extrema del 33%, frente a promedios nacionales de 36,6% y 13,8%, respectivamente. Es decir, nuestro departamento prácticamente duplica los niveles de pobreza del país. A esto se suma la pobreza multidimensional, cercana al 46%, que refleja carencias estructurales en educación, salud, vivienda y servicios básicos. Estos números deberían ser la brújula de cualquier gestión política. Sin embargo, en su lugar se prefirió promover la declaratoria del chirinche como patrimonio, como si esa fuera la gran deuda pendiente con nuestro pueblo.

Siendo representante de frontera, su responsabilidad debería estar orientada a que la Ley 2135 de 2021 (Ley de Fronteras) se convierta en una herramienta real y dinámica para mitigar la pobreza. En particular, los artículos 17, 18 y 19 contemplan la declaratoria de Zonas Especiales de Intervención Fronteriza, mecanismos diseñados para actuar de manera inmediata cuando se presenten crisis sociales, económicas o migratorias que alteren el desarrollo de los territorios fronterizos. Hoy, muchos de estos artículos siguen sin reglamentarse, y allí debería concentrarse la exigencia de nuestra representatividad política.

El impacto de la migración es un ejemplo claro de esa urgencia. La llegada masiva de población a municipios de frontera ha generado una sobreoferta de fuerza de trabajo, compitiendo con la comunidad de acogida en mercados laborales débiles y con escaso tejido productivo. Esto ha reducido los ingresos y aumentado los indicadores de pobreza monetaria. La ausencia de políticas públicas para atender esta situación no solo agrava la exclusión social, sino que también fomenta tensiones entre comunidades que deberían estar unidas en la búsqueda de soluciones. La Guajira entera, y no solo la franja fronteriza, carga con los costos sociales y económicos de esta realidad sin contar con un respaldo estatal a la altura del desafío.

En este contexto, cobra especial relevancia la economía popular. En un territorio donde el aparato productivo es insuficiente y no genera los empleos necesarios, miles de guajiros dependen de su propio conocimiento y creatividad para sobrevivir. Hablamos de vendedores informales, pequeños productores, mototaxistas, artesanos y mujeres que transforman alimentos en sus casas para llevar ingresos a sus familias. Esta economía popular, transmitida en gran medida por tradición oral y sin registros estadísticos formales, sostiene la vida cotidiana de miles de hogares, aunque permanece invisibilizada en la agenda pública.

El reto está en que nuestros representantes comprendan que el autoempleo no es una elección voluntaria sino una respuesta de subsistencia. Solo con políticas claras, con apoyo técnico y financiero, podrá convertirse en una alternativa digna y sostenible. Y allí la Ley de Fronteras ofrece un marco valioso, siempre que se reglamente y se utilice con visión de justicia social.

La reflexión es simple: la reconciliación entre nuestros líderes políticos y la realidad de su pueblo no puede seguir postergándose. Porque seguramente volverán a pedir el favor electoral, pero antes deberían abrazar banderas de funcionalidad social. El compromiso verdadero no es con discursos ni gestos simbólicos, sino con las familias que todos los días inventan su propio empleo para sobrevivir. La Guajira no necesita más declaraciones de patrimonio: necesita decisiones valientes que nos permitan dejar atrás la desigualdad que nos marca.

 

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