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El pasado siete de julio, la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicó un informe sobre el manejo que le ha dado el gobierno Duque a las protestas sociales desde el 28 de abril. El informe recoge la situación del país, vista por instituciones democráticas no nacionales y el resultado no podía ser otro que lo que suponíamos venía pierna arriba: palo del bueno para el gobierno no tanto por la situación generalizada del país, que ya era conocida, sino por las actitudes asumidas por la institucionalidad en el manejo de la protesta ciudadana.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Su función primordial es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en dicha materia. Colombia, como no podía ser de otra manera, mediante la aprobación de la Ley 16 de 1972, ratificó el “Pacto de San José de Costa Rica” o Convención Americana de Derechos Humanos que define, entre otros aspectos, atribuciones y procedimientos de la CIDH. Es decir, estamos obligados, por Ley, a atender, al menos, sus recomendaciones.

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La CIDH se muestra preocupada por «el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección, y denuncias de desaparición; así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar». Y se basa no solo en su observación sobre el terreno por visita realizada a diversas zonas del país sino por los mismos informes presentados por la institucionalidad nacional como Defensoría del Pueblo, Fiscalía, etc.

Sin embargo, las cifras no cuadran, aunque todas son absolutamente graves. Por ejemplo, mientras el Estado reporta a la CIDH, registro de 54 muertos y 1140 civiles lesionados (a junio 24), la organización de la sociedad civil Temblores reporta 73 muertos, 44 de ellos relacionados con el accionar de la fuerza pública y un total de 4687 casos de violencia policial. Tómese el dato que se quiera, siempre se concluirá el grave exceso de fuerza policial.

Ante el informe, Duque y su gobierno, entraron a descalificarlo. «Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad», señaló el subpresidente. Las mayores diferencias, digo yo, se encuentran al calificar la acción agresiva de la fuerza pública y el derecho a la protesta también consagrada en cualquier país democrático. 

Entre las recomendaciones de la CIDH, se incluye la separación de la Policía Nacional y su Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) del Ministerio de Defensa; que las fuerzas de seguridad del Estado también rindan cuentas a la ciudadanía, que se investiguen las denuncias de violación de derechos humanos, que la justicia penal militar no sea la que juzgue a quienes atenten contra los derechos de la ciudadanía y un largo etcétera. Nada imposible de cumplir.

La Policía Nacional tal como la define la Constitución Nacional en su artículo 218 es de naturaleza civil por lo que no tiene sentido que esté adscrita al Ministerio de Defensa, y en momentos de consolidación de la paz, mucho menos. ¿Qué sentido tiene que el Ejército Nacional, constituido para defender las fronteras y la soberanía, dependa de la misma estructura orgánica que la Policía que debe servir para proteger a la ciudadanía? Nuestros soldados y muy seguramente nuestros policías están más formados para la guerra que para el servicio y por eso ven en el ciudadano que protesta, el enemigo a abatir. Así la protesta sea pacífica.

Que nuestros soldados son formados para la guerra es un hecho conocido a nivel internacional. Por intermedio del denominado Plan Colombia se invirtió mucho recurso para capacitarlos en tácticas antiguerrilla que después terminaron alimentando el narcotráfico, primero y el paramilitarismo, después. Muchos exmilitares son buscados mundialmente para labores no muy santas como mercenarios o gatilleros expertos o máquinas de guerra como los que hoy están en el ojo del huracán por la muerte del Presidente de Haití. Suena lógico que la Policía, de naturaleza civil, deba andar en órbitas diferentes. 

Pero el desastre de violaciones de derechos en las protestas no solo es culpa del ESMAD y de sus más de 3.700 hombres regados por todo el país. También los alcaldes municipales que fungen como directores de Policía y autorizan su salida para calmar revoltosos a punta de bolillo y gases asfixiantes, tienen su culpa ante los muertos de la pasada protesta.

Parece que donde no hubo ESMAD, no hubo desórdenes. Solo protesta cívica. Y para destacar, el papel cumplido en Riohacha, La Guajira, donde el Consultorio Jurídico del Programa de Derecho de la universidad de La Guajira, instruyó a los manifestantes sobre los derechos que tenían a la protesta pacífica. También hubo ciudades, como Villavicencio, donde el Alcalde desoyó la orden de sacar el ESMAD por lo que hubo protesta ciudadana pero no hubo muertos ni violación de derechos. Algo habrá que aprender.