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No hay necesidad de decirlo por lo absolutamente cierto: Colombia y sus regiones se sienten asfixiadas por la corrupción en el sector público que según los más optimistas se lleva, o se embolsilla para ser más gráficos, cerca de 50 billones de pesos anuales.

Cada gobierno elabora su estrategia para acabar con este flagelo que cada vez dinamita más nuestra credibilidad en las instituciones y en el Estado mismo, pero la situación general no pinta bien: el veneno va por dentro.

Cualquier observador del común pensaría que a lo mejor el país adolece de leyes y normas que enfrenten el problema, pero si hiciera una rápida búsqueda al respecto, encontraría que por el contrario, Colombia exhibe un variado e intenso abanico normativo para atacar la corrupción.

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Desde la expedición de la famosa Ley 80 de 1993 o Ley de Contratación hasta la fecha, se han expedido normas a tutiplén como reformas a los códigos penales y de procedimiento, estatutos especiales anticorrupción, reformas a los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades, códigos de ética hasta para los parlamentarios, normas para la transparencia, control interno, prevención de sobornos, reforma a procesos fiscales y disciplinarios, etc. Norma es lo que hay.

Con tanta norma aplicable no deberían darse los aberrantes casos como el del “cartel de la toga” encargado desde la mismísima Corte Suprema de Justicia de torcerle el pescuezo a los expedientes de los parlamentarios procesados; o de las mermeladas con nombre de “auxilios regionales” que el ejecutivo entrega a parlamentarios propiciando la aparición de los Ñoños y los Besailes; o las carreteras que se hacen para valorizar las fincas de los amigos; o los contratos con Odebrecht para financiar las campañas de los candidatos presidenciales ; o la entrega de notarías y cargos públicos como quedó claro con la ‘Yidispolítica’. Todo esto hiede, por decir lo menos.

Transparencia Internacional, que año tras año evalúa el IPC o Índice de Percepción de la Corrupción en el mundo, nos dice que para el 2020, Colombia alcanzó solo 39 puntos de los 100 posibles, con lo que ratificó que el país está en el grupo de los más corruptos, muy lejos de Uruguay que casi lo dobla. Los casos mencionados en el párrafo anterior le dan la razón.

Y a nivel regional, en La Guajira, tampoco hay explicación posible para que se sigan muriendo tantos niños de pura y física hambre, que los recursos de las regalías se esfumen en escandalosos contratos como aquel de quince mil millones de pesos que pretendía atenuar los efectos del dengue, que los ejecutivos departamentales y municipales paguen con contratos sus costosas campañas políticas, que se construyan acueductos que no entregan agua o terminales de transporte bonitas pero inservibles. El veneno va por dentro porque todo queda disfrazado. 

El disfraz no deja ver los rostros de la vergüenza. Hay más opacidad que transparencia. Por ello en la última medición del Índice Departamental de Transparencia, La Guajira es clasificada como de riesgo Muy Alto solo superando al Departamento del Chocó. Somos tan opacos que las Contralorías ni previenen, ni sancionan, ni controlan. Son simples fichas para no estorbar al ejecutivo.

Así las cosas, es claro que el fenómeno de la corrupción es y judicial generalizado en todos los poderes públicos, ejecutivo, legislativo; no se salva ni el presidente porque negocia sus apoyos, ni la justicia porque tuerce procesos, ni los parlamentarios porque más de uno se pliega al ejecutivo por contratos o por burocracia. La corrupción se da para el enriquecimiento individual del corrupto o para saciar los compromisos del clientelismo político, el mal mayor de toda la cadena. Significa que hay que atacarla por diferentes costados.

Significa que una verdadera política nacional que busque acabar con la corruptela debe comenzar con la identificación, seguimiento y combate al clientelismo político generalizado pero también con la implementación de un programa pedagógico a lo largo de toda la vida estudiantil de cualquier colombiano y que privilegie la enseñanza de la ética.

Desde que la escuela se apropie conceptualmente de lo que debe ser la administración de la cosa pública, para que los respete siempre, para que se case mentalmente con la idea de que los recursos públicos no son parte de un botín del que hay que apropiarse, sino que, por el contrario, son nuestros y son necesarios para la vida decente de la ciudadanía.

Cuando logremos eso, no serán necesarias tantas leyes ni tanta vigilancia. Igualmente, todos seremos transparentes y convencidos de que los recursos públicos son sagrados. El veneno ya no podrá ir ni por dentro ni por fuera y el hedor tendrá que minimizarse. ¡Ojalá!

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