Las opiniones expresadas en las columnas de opinión son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan necesariamente la posición oficial de laguajirahoy. Escríbale al autor a [email protected].


-Publicidad-

En la historia mundial de la piratería, la patente de corso era un documento expedido por los monarcas donde se autorizaba al corsario o capitán de navío a atacar y/o robar a embarcaciones o puertos no amigos de una monarquía no amiga.

Uno de los más notorios fue Francis Drake que a finales del siglo XVI asoló a Riohacha para apoderarse de sus bancos de perlas. Tenía patente de corso de la Reina Isabel I quien lo llegó a designar Caballero, y con esa patente podía hacer y deshacer en nombre de la Reina, sin necesidad de dar explicaciones sobre sus actos.

-Publicidad-
-Publicidad-

Hoy por hoy, por analogía, se dice que alguien cree tener “patente de corso” cuando se siente autorizado para hacer lo que le da la gana, aunque legalmente esté obligado a cumplir determinada normativa. Y esto es lo que pasa con los mandatarios departamentales y los parlamentarios colombianos que, aunque cumplan con las actividades legales, no siempre lo hacen de manera eficiente por lo que violan lo prometido al elector.

Todo esto tiene que ver con la rendición de cuentas y la revocatoria de mandato. La primera implica que los ciudadanos podemos exigirles a los funcionarios públicos de elección popular, información acerca de sus labores, para hacerle seguimiento, para identificar logros, para detectar irregularidades u omisiones, para saber si cumple con lo prometido al elector, o si por el contrario juega con las ilusiones que tenía el elector al depositar su voto. Pero no solo es que los ciudadanos pueden exigir, sino que los electos están obligados a rendir cuentas, para hacer transparente su gestión.

La revocatoria de mandato, en cambio, es un mecanismo de participación ciudadana establecido en el artículo 103 de la Constitución Política, reglamentado por la Ley 134 de 1994, modificado por la Ley 1757 de 2015; es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han otorgado por voto popular a un gobernador o a un alcalde. No da para más. No llega a los parlamentarios ni a concejales y diputados, mucho menos al Presidente de la República. Y desde su expedición normativa, solo un pequeño municipio de Boyacá ha alcanzado el éxito en una revocatoria.

En La Guajira nunca se piensa en revocar mandatos. Tal vez somos aduladores de los gobernantes y por eso merecemos el calificativo de cómplices de las malas gestiones que abundan en nuestro territorio. Tal vez, por lo mismo, nuestra sociedad civil no se organiza y no exige derechos porque cada quien, egoístamente, piensa en sí mismo antes que en la comunidad regional. Hablamos en los corrillos, despotricamos del gobernante o en general de la clase política regional, pero no hacemos nada por corregir los adefesios de gobiernos que nos han tocado. A lo mejor, eso lleva a los gobernantes a sentirse con patentes de corso.

Nunca evaluamos la gestión del ejecutivo departamental o municipal. Si lo hiciéramos nos daríamos cuenta que las ejecutorias, si es que las hay, van por un lado y las propuestas de gobierno van por el otro. Si comparáramos lo que se promete en campaña con lo que realmente se hace, seguramente se realizarían procesos de revocatorias municipales y departamentales. Y seguramente habría mejores gobernantes y menores necesidades básicas insatisfechas al igual que se sentiría en el ambiente un respeto al elector.

Y lo que pasa con los ejecutivos municipales y departamentales se repite con los parlamentarios que elegimos cada cuatro años. Aunque no exista para ellos la aplicación de una revocatoria de mandato, no solo por exigencia legal sino por respeto a sus electores, deben informar permanentemente acerca de sus gestiones.

No limitarse al insulso informe de gestión que dejan anualmente registrado en Cámara o Senado según la curul que ostenten y que se compone de hasta de cartas de saludo al poder ejecutivo, sino informes periódicos dirigidos a los electores donde quede entendido que su gestión está acorde con las necesidades de su región y que valió la pena votar por ellos.

Pero Usted, lector, puede sacar mejores conclusiones si analiza la gestión de nuestra flamante representante a la Cámara María Cristina ‘Tina’ Soto de Gómez en el período que inició en 2018. ¿Qué tanto ha hecho por La Guajira? Que lo diga.

En cuatro años se embolsará más de mil setecientos millones de pesos y no es capaz de informarle a sus cuarenta mil votantes de los beneficios que le deja su gestión a La Guajira.

No basta con calentar la silla ni basta con seguir las orientaciones del Partido Conservador. Sobre todo, se necesita servir a la región que le dio los votos. Ud. no puede tener patente de corso para hacer lo que le de la real gana con los intereses de sus electores. Respételos.