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Mientras la Policía gasta sus horas en la importante ‘operación’ de imponer a gusto comparendos cada semana en las calles, carreteras y lugares especulativos, el jubilo de quienes se hacen presentes en la vía pública cada día festejando o haciendo sabrá Dios qué, sin darle importancia a la contaminación del virus, atentando contra su salud y la de lo demás miembros expuestos de su comunidad: es notorio y evidente.

Esta actitud no tiene alguna justificación, para ello es preciso buscar una explicación básica de patología colectiva a esa complacencia, a ese regodeo de un público en la desdicha que está en forma silenciosa presente en la contaminación y la muerte por el virus en todo el territorio nacional.

Hay fases comprobadas en esta emergencia sanitaria de degradación ilegal en conexión con la corrupción creando delitos. ¿Habrán llegado a ese punto algunos funcionarios encargados de vigilar revisar y administrar los recursos para controlar el desmadre económico y de sanidad propalado en la Pandemia?

El Estado colombiano es siempre uno y el mismo. Identificarlo con el gobierno o con la personas que lo ejercen es sembrar confusión. Se podrá cambiar de gobierno pero no el Estado. No obstante, ahora con la declaratoria de una necesaria emergencia económica y sanitaria alterando el estatus jurídico de aquel empleado, trabajador, profesional libre y demás personas afectadas en relación a su situación jurídica concreta -derechos adquiridos- con anterioridad a la declaratoria de la Emergencia urge analizar este inevitable e imprevisto incidente.

Esto no es discusión de abogados ni de ‘santanderistas’ es la esencia del Estado Social de Derecho, el de garantizar a la ciudadanía que con la expedición de medidas transitorias mediante decretos legislativos no habrá iniquidad en el ejercicio de esa función, porque si bien es cierto que mediante estos Decretos en esta anormalidad se pueden adoptar las medidas presupuestal y administrativas.

Disminuir los efectos económicos y sociales de la misma; no es menos ciertos que extralimitarse en los señalamientos establecidos en la Constitución Política, dará lugar a que jurídicamente la Corte Constitucional y el Congreso de la República en el efecto político asuman su respectiva autoridad para revisar los Decretos elaborados y su legalidad acorde con la circunstancia.

Es tan preocupante la situación, que los empleadores con arreglos a los decretos legislativos, han solicitado renuncias voluntarias a sus trabajadores, similar en mi concepto hacia el futuro a un «despido injustificado», dando lugar a que muchos trabajadores acudan a la justicia laboral para demandar alegando reparación y reintegro, poniendo a micro pequeñas, medianas y grandes empresas, en situaciones de riesgo a pagar indemnización si los fallos son adversos y en trance de quiebra como consecuencia de la crisis alarmante agravada que se avecina.

Estos serán los efectos de una política improvisada que no responde a ningún criterio -salvo los esfuerzos para la prevención oportuna-contra el Coronavirus, porque si se leen y analizan los decretos de la declaratoria de emergencia en lo económico, se verá que es el mismo conservatismo más feroz con sus principios de un neoliberalismo a rajatabla.

Así, el gobierno en su Mare Magnum entretiene cual titiritero, con las mismas figuras, para estropear la intención del Congreso, al no estar muy de acuerdo con la forma de legislar a través de los Decretos expedidos; ni la oposición que anuncia a ‘viva voz’ dentro y por fuera del Congreso, que habrá a gran escala nacional al final de la Pandemia un caos económico difícil de calcular.

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