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Transparencia es el término que menos aplican aquellos gobernantes que tienen que agradar a su clientela, para pagar favores o financiar campañas, entre otras veleidades del ejercicio del poder en Colombia. Prefieren ser opacos y por eso en todo momento pretenden sacarle el cuerpo a la oferta pública y se enrrutan por la contratación directa. Los controles entorpecen el accionar de la corruptela.

Y aunque la contratación directa tiene sus bemoles, estos gobernantes siempre encuentran personajes generalmente opacos que ya tienen estudiado el cómo apropiarse de los presupuestos públicos, creando, configurando o utilizando empresas o asociaciones con los cuales usar artilugios aparentemente legales que servirán para esquilmar a las instituciones.

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Allí es donde y cuando aparecen los contratos de ciencia, tecnología e innovación, los llamados convenios de asociación, los convenios de cooperación, etc. La opacidad primero como requerimiento de la funcionalidad.

En La Guajira estamos llenos de ejemplos de cómo indignos gobernantes se han apoderado de los recursos públicos utilizando la contratación directa. Parece que primero se les abren las agallas y después todo lo ven fácil de conseguir. Menciono tres de los que han sido plenamente demostrados y que han tenido repercusión en todo el país.

El primero corresponde al exalcalde del Distrito de Riohacha, Fabio Velásquez que suscribió el convenio de asociación 02 de 2016 con la Asociación Social del Caribe –Asocar –  para “apoyar el Programa de Alimentación Escolar” por un valor de 5.713 millones de pesos. La procuraduría y la fiscalía determinaron que lo que firmó el alcalde fue un contrato de suministro disfrazado. Resultado: Destitución, inhabilitación y guandoca temporal.

El segundo ejemplo de lo que no debe firmarse es el Convenio de Cooperacion Especial 019 firmado por José María Ballesteros como Gobernador del Departamento con OLFIS, Organización Latinoamericana para el Fortalecimiento de la Salud. El objetivo era “determinar la manera de mitigar el riesgo de dengue en la Guajira” por un valor de 17.584 millones de pesos.

La Corte Suprema de Justicia le impone a ‘Chemita’ prisión por 15 años, inhabilidad y multa. Según versiones de la prensa nacional, en el contrato resultaron involucrados de una u otra forma, el exgobernador y exparlamentario Jorge Ballesteros Bernier y algunos funcionarios de la administración departamental de entonces. Quedó demostrado que OLFIS no tenía ni experiencia, ni capacidad operativa, ni administrativa, ni técnica para llevar a cabo el contrato. Pero todo eso era poco para los frutos posibles. Indignos todos.

El tercer ejemplo es el del gobernador encargado Wilbert Hernández, el hijo de ‘Mamá Franca’, quien no alcanzó a calentar bien la silla porque la procuraduría ante el temor de que acabara con las arcas departamentales, lo suspendió del cargo por haber firmado contratación directa celebrada como convenio interadministrativo con la empresa Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones- NIU- Telco S.A.S.

El objetivo era “fortalecer competencias del idioma inglés” y el valor 11.415 millones de pesos. Según la prensa nacional en la contratación resultaron involucrados personajes como Carlos Alberto Lopesierra, extraditado hace unos años a los Estados Unidos y Juan Carlos Cáceres Bayona, miembro de la Junta Directiva de la empresa contratista. Se necesitaron menos de sesenta días para demostrar la opacidad del gobernante y el talante de sus compinches. También indignos.

Y referente a las contrataciones en ciencia tecnología e innovación, estas han tomado auge con las reformas que se le han hecho al manejo de las regalías en el país y con el surgimiento de los conocidos como Órganos Colegiados de Administración y Decisión Ocad, y el Fondo CT eI que más que un fondo parece un barril sin fondo, dadas las irregularidades que en él se detectan día tras día y que pasan por la falta de priorización de problemas y necesidades de las regiones.

Es así, como en los últimos días se ha denunciado que actualmente se ejecutan tres proyectos de ciencia y tecnología por valor superior a los veintitrés mil millones de pesos y cuyos objetivos (muy parecidos entre si) apuntan a “Implementar estrategias para el mejoramiento de la competitividad en el departamento de La Guajira”. Se destaca que no es un contrato, son tres parecidos, todos en ejecución, todos con tácito visto bueno del capitán de un barco que se llama Departamento de La Guajira.

Contratos sospechosos porque no responden ni siquiera al Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, que sí existe, pero que no se actualiza ni se consulta. Tampoco se le hace caso a la Corte Constitucional que con la Sentencia T-302 de 2017 ordena que los recursos de inversión del departamento deben emplearse con prioridad para atacar el estado de inconstitucionalidad en que se mantiene la niñez de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao.

Es algo así como un atraco a las finanzas públicas o un carnaval con recursos de las regalías. Usted, Nemesio, debe responderle a la gente que lo eligió. Y si, como se asegura, es en los Ocad donde se cometen irregularidades, usted es nuestro vocero y es el capitán del barco. Por acción o por omisión también sería indigno, independientemente de la determinación que tome el Consejo de Estado respecto a su continuidad en el cargo.