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Después de la tempestad siempre llega la calma y después del proceso electoral que definió como presidente de la República al economista Gustavo Petro Urrego para un período de cuatro años que comienza el próximo siete de agosto, además de la calma llegan las alineaciones de los diferentes partidos y grupos políticos que compitieron en las justas electorales.
Ya el exguerrillero no es tan obtuso como se pensaba y las mieles del poder como que hacen falta. Tanto, que ahora salvo el Centro Democrático, todos quieren apoyar al nuevo gobierno, por el bien de la patria, según dicen. Unos afirman que ejercerán una oposición constructiva y otros se declaran independientes.
Lo único cierto es que democracia que se respete necesita en el poder legislativo una oposición seria que sirva de contrapeso al poder ejecutivo, o para decirlo coloquialmente, para que el presidente no se despache. Que si se despache no sea porque puso a funcionar la mermelada en forma de burocracia o de contratación pública sino porque sus argumentos fueron suficientes para convencer a la mayoría del parlamento.
Contrario a Iván el terrible Duque, el próximo presidente si lleva como argumentos la crítica situación de los más vulnerables en el país respaldada por conceptos adecuados, no debería acudir a ningún tipo de mermelada para sacar adelante los proyectos de corte social. Con ello no solo buscaría el bien general, sino que daría ejemplo para que las instituciones públicas, asfixiadas por el clientelismo, respiren de mejor manera. La argumentación sólida debe ser suficiente.
Sabido es que al parlamento ha llegado gente nueva, aunque no tanto como se hubiera querido. Sabido es que la composición de fuerzas varió sustancialmente y que la gente que respalda al Presidente está cerca de obtener la mayoría. Parece que se abren los caminos para que los derechos sociales sean considerados, para que se disminuyan las diferencias, para que los poderosos dejen de acumular privilegios y en últimas, para que se legisle con fundamento en nuestra Constitución Política que consagra a Colombia como un Estado Social de Derechos, con todo lo que ello implica.
Eso ayudará a disminuir los niveles de corrupción que tanto mal le hace a nuestra endeble democracia. En Colombia, hace ratos, la separación de poderes es un embeleco porque el Presidente de turno, manipula a las instituciones y a sus funcionarios y termina, como sucede actualmente, con Fiscal, Procurador, Contralor y Defensor del Pueblo, subalternos de bolsillo, extensión del ejecutivo pero componentes del “control constitucional” debido. Y lo que se conoce como bancada de gobierno controla el poder legislativo pero funge como beneficiaria de la famosa mermelada. Esto es lo que merece cambio y por ello no basta con ganar las elecciones.
Pienso que la manera más eficiente de garantizar la democracia es fortaleciendo y empoderando a la sociedad civil nacional y regionalmente. Cómo lograrlo, debería ser el mayor reto. Una sociedad civil que vigile, denuncie y se pronuncie sistemáticamente sobre las acciones del gobierno y de la clase política; que estudie cada posible medida a imponerse y la haga conocer de la ciudadanía con sus posibles consecuencias; que alerte sobre las necesidades sociales y sobre los impactos que se vean venir; que exija derechos no cumplidos y que, en últimas, se constituya en guardián de la sociedad que demanda la actuación honesta de sus gobernantes.
Generalmente, el término sociedad civil es un concepto de las ciencias sociales que designa a la diversidad de ciudadanos que de manera colectiva, actúan para tomar decisiones en el ámbito público y que conciernen a todo individuo. El colectivo organizado de la sociedad civil debe estar situado fuera de las estructuras gubernamentales, de los partidos políticos, de las empresas o poderes económicos, y de las instituciones religiosas.
Aquí tendrían cabida los movimientos sociales formados por grupos de vecinos, de mujeres, estudiantes, campesinos, defensores del medio ambiente, los gremios profesionales, los sindicatos, las fundaciones y las ONG dedicadas a la prestación de servicios, etc. Si esta sociedad civil, fuerte y empoderada, actúa, soplarán nuevos pero buenos vientos para las regiones y para el país.
A nivel nacional será gestión del nuevo gobierno tratar de empoderar a la sociedad civil si quiere construir futuro basado en derechos y democracia. Para La Guajira, región de mis entrañas, propongo que la universidad de la Guajira lidere este proceso. No sé el cómo, pero los procesos de investigación social deben tener la llave.
