Algo no está bien en la institución de la Fiscalía y no lo digo por las erráticas actuaciones de Francisco Barbosa Delgado, actual fiscal, desde la primera elección que se hizo en cabeza de Gustavo de Greiff Restrepo en 1992 hasta el presente, lo que la ciudadanía ha visto es un órgano politizado al servicio de quien ostente el poder político del momento.
La contaminación empieza con la errática decisión constitucional de la elaboración de la terna por parte del Presidente de la República para que la corte constitucional elija al fiscal general de la nación; que entre otras cosas tendría que investigar las acciones de los integrantes del gobierno que lo postula, he ahí la complicada situación del ungido.
Son dos filtros que los ternados deben pasar y que termina comprometiendo su independencia.
Resulta paradójico y contrario a su misión de administrar justicia que la Fiscalía General de la Nación ocupe unos de los primeros lugares de las entidades más demandas en el país y que la mayoría de las demandas sean por privación arbitraria de la libertad y despidos injustificados de sus trabajadores, prueba suficiente que esta entidad se ha manejado politiqueramente, violando derechos fundamentales de los colombianos como es el de la libertad y el derecho al trabajo.
Las contingencias por estos posibles abusos y arbitrariedades están tasadas en muchos billones de pesos. Que colpensiones sea una de las entidades que tiene mayor número de demandas según la agencia de defensa nacional, hasta se entendería, pero que sea la Fiscalía, entidad encargada de administrar Justicia sí que resulta paradójico.
Por ello opino que estos cargos de administración de justicia deberían tener la participación directa del constituyente primario, es mi criterio que si se trata de la aplicación de justicia para todos los ciudadanos de un país ellos deberían con su voto escoger popularmente a quien ofrezca las mejores condiciones y alternativas para la operación vertical de la justicia un bien tan fundamental, preciado y relevante como el derecho a la vida misma.
Tendríamos entonces un fiscal comprometido con la justicia ciudadana y no con la política partidista como sucede ahora, por el manoseo a que es sometida su designación, le iríamos quitando la capacidad electoral y nominadora en que la Constitución el 91 embarcó a las altas cortes y de donde ellas no han salido bien libradas, la prueba son los múltiples escándalos que sobre esta y otras elecciones han tenidos los togados.
No hay que tenerle miedo a la participación ciudadana en la escogencia del gerente de la administración de justicia en este país, ya que reposan en él responsabilidades aún más grandes como las que recaen sobre el Presidente de la República, en manos de quien colocamos nuestra suerte y la vida misma, entonces ¿por qué no decidir también quién debe aplicar justicia sin hipotecarse con favores que le termina costando mucho a la ciudadanía de este país para que el titular de este cargo sea producto de una decisión democrática?
La Guajira ha sido escenario propicio para que la justicia politizada haya intervenido coartando la autonomía política, administrativa y financiera, al punto de haber tenido como gobernador encargado a Jorge Enrique Vélez, que se pavoneaba de su gran influencia en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez.
Hoy en día Vélez es objeto de un escándalo a nivel nacional por supuestamente haber conseguido su elección en la Dimayor ofreciendo favores para que no caminara el proceso por la reventa de boletas de las eliminatorias de Rusia 2018, en el que se encuentran iniciados algunos directivos del fútbol colombiano que con su voto lo eligieron como su polémico presidente.