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Para una sociedad abúlica sin afán de justicia, un Juez ignorante, prevaricador o negligente impartiendo justicia es apocalíptico, no precisamente por lo que ha hecho, sino por lo que ha querido hacer, no hacer y por lo que es capaz de hacer; es un verdadero personaje satánico didáctico mortal, completamente vacío de sustancia jurídica.

Ante la apremiante angustia de la presión delincuencial y el incontrolable incremento de la corrupción, se piensa que la principal causa de la indemnidad es el talante de la gran mayoría de los funcionarios judiciales, que a través de la presunta morosidad, permite el vencimiento de los términos y la prescripción de los procesos propiciando la impunidad.

Esta consideración no es precisa y justa aún cuando el tratamiento del problema no es exactamente el que  dispuso en las normas para su aplicación el legislador, pues en él se establecen sanciones contra los Jueces y Magistrados negligentes señalando procedimientos de acusaciones que conducen a destituciones, los cuales obligan a una mejor rectitud para producir fallos en los plazos establecidos por la ley.

Nadie desconoce en ‘su saber leer y entender’ que ahora y siempre han existido Jueces y Magistrados  morosos, prevaricadores y corruptos; algunas veces más que por intereses delictivos y venales -que los hay en algunos casos- prevalece la falta de conocimiento de las normas sustanciales y procesales.

Así mismo también sucede en otras ramas de la administración pública, en donde ha habido empleados incumplidos que prevalido de su poder tampoco resuelven con la debida oportunidad los asuntos que están a su cuidado y decisión, requisito indispensable para la buena marcha de la administración pública.

Pero los métodos y sistemas señalados en las normas legales vigentes, contra esa clase de empleados, no pueden ponerle remedio a un mal que no es causado propiamente por los administradores de justicia, sino por la organización Judicial existente, que frente al absurdo de que un Juez mantenga en su despacho un numero de procesos para tramitar, analizarlos y resolverlos todos dentro del rigor de los términos establecidos por el legislador porque «No hay mayor injusticia que aquella que se ejerce amparándose en leyes injustas». Ese es el gran problema de toda la situación Judicial que el común de la gente no comprende. Jamás será posible solucionar nuestro dilema de aplicar recta y cumplida justicia, mientras no se deshaga y desmantele por completo, la actual estructura de la organización judicial existente.

Por esa causa todas las leyes, decretos y demás disposiciones que se dicten para lograr la aplicación de una justicia –no morosa que no sea negación de justicia– resultarán ineficaces, burladas, desobedecidas, en medio de esta anarquía jurídica que vive el país, en donde Seis Cortes, cada una de ellas interpretando la misma disposición legal de diferente manera; que exige mediante una Asamblea Nacional Constituyente legal o supralegal, elaboración de normas ‘rigidas’ para erradicar el peor de los males que aquejan nuestra Nación: La corrupción.

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