La desigualdad económica sigue siendo una herida abierta en Colombia, con un coeficiente de Gini que se mantuvo en 0,551 en 2024, según datos del DANE. Este indicador, donde 0 significa igualdad perfecta y 1 representa la máxima desigualdad, coloca al país entre los más desiguales de América Latina, superando con creces a naciones como Argentina (0,42) y Chile (0,46).
En el contexto nacional, destaca Riohacha, con un índice de 0,564, lo que la convierte en la ciudad más desigual del país, seguida de Quibdó (0,531) y Cartagena (0,525). Este panorama contrasta con los avances en la reducción de la pobreza monetaria en Colombia, donde más de 1,2 millones de personas han logrado superar esta situación a partir de subsidios, lo que demuestra que el crecimiento económico no siempre se traduce en una mejor distribución de la riqueza.
Las raíces de la alta desigualdad en el país son profundas y complejas. Colombia arrastra una histórica concentración de activos productivos, especialmente tierras, junto con un sistema tributario que ha sido tradicionalmente regresivo, gravando más el consumo que las rentas altas y el capital. El mercado laboral, marcado por altas tasas de informalidad (que superan el 60 % en algunas regiones) y una notable brecha salarial vinculada a los bajos niveles educativos, refuerza esta dinámica negativa. Además, el conflicto armado ha provocado desplazamientos masivos que han profundizado las trampas de pobreza regional y han afectado la movilidad social, creando círculos viciosos de exclusión que se transmiten de generación en generación.
En el caso particular de Riohacha, se entrelazan factores geográficos, institucionales y socioeconómicos que explican su notable desigualdad. La ciudad muestra una clara segregación espacial, donde proliferan asentamientos informales en áreas con alta vulnerabilidad a inundaciones, especialmente en barrios con viviendas de bahareque y suelos que albergan a una población desplazada.
Sin embargo, no todo está perdido; hay soluciones que se pueden construir y abordar con conocimiento, habilidades y determinación. Colombia necesita reformas estructurales que ataquen las raíces de la concentración de la riqueza. Es esencial implementar una política fiscal progresiva, donde la carga tributaria se desplace del consumo hacia las rentas altas, herencias y ganancias de capital, junto con una expansión significativa de los programas de transferencias o subsidios condicionados.
La experiencia internacional nos muestra que, al combinar herramientas como la fiscalidad progresiva, una educación de calidad, la formalización laboral y el desarrollo rural, se puede lograr una reducción significativa del coeficiente de Gini, como lo evidencian los casos de Uruguay y Costa Rica, aunque esto requiere un compromiso político que trascienda los ciclos electorales.
En el caso de Riohacha, las autoridades locales tienen un papel importante que desempeñar. La gobernación de La Guajira y la alcaldía Municipal deben enfocarse en un plan integral para proteger las viviendas más vulnerables que han sido identificadas en estudios técnicos. Al mismo tiempo, es necesario promover una política de vivienda digna que garantice la seguridad en la tenencia, mejorando los materiales de construcción en asentamientos informales a través de subsidios específicos y asistencia técnica. El turismo comunitario regulado también puede ser una opción viable.
El verdadero reto para Colombia, y en particular para Riohacha, es convertir la reducción de la desigualdad de un simple discurso a una práctica constante, entendiendo que sin equidad no habrá desarrollo sostenible ni paz duradera. El coeficiente de Gini no son solo números: representan vidas truncadas y un potencial desperdiciado en una nación y un distrito que merecen superar estos alarmantes indicadores de desigualdad e inequidad.