Muchas personas no han entendido el significado de esta sentencia que declaró que en La Guajira existe una vulneración generalizada, desproporcionada, continuada e injustificada de los derechos al agua potable, a la alimentación y a la salud de la población de indígena wayúu, y en especial de sus niños y niñas de este grupo indígena.
En otros términos, hay un desequilibrio del desarrollo humano, inequidad e ineficacia de las instancias responsables de garantizar derechos fundamentales que son esenciales para la pervivencia de un grupo humano de protección especial, que en La Guajira representa casi el 50 % de su población.
Esta sentencia es una orden judicial, es decir, no es opcional si se cumple o no, no es discutible, no es criticable, solo es cumplible, pero para poder hacerlo requiere de la articulación de todas las instancias accionadas, que incluye a entidades del nivel nacional, departamental y municipal.
Es decir, se establece una corresponsabilidad de actores, entre los cuales están en primera línea los municipios, porque estas poblaciones son ciudadanos de estos municipios, y al final de cuenta, la responsabilidad primaria de garantizar el acceso al agua, la seguridad alimentaria y la atención en salud es de los municipios, en segundo nivel, del departamento y en tercer nivel, de la nación.
Esta sentencia pone el dedo en la llaga y nos muestra lo ineficaces e ineficientes que han sido nuestras instituciones y la clase política a lo largo de la historia, La Guajira suele ocupar los deshonrosos últimos lugares en casi todo, y en donde sí debería estar de última es la primera, como en la morbimortalidad materna e infantil, lo que debería generar vergüenza pública.
Pero esta sentencia, que muestra duras realidades, también se convierte en una oportunidad, porque ella ordena actuar, con resultados concretos y con recursos, pero hasta en eso estamos fallando, llevamos tres años tirándonos la pelota entre la nación, el departamento, los municipios y las comunidades wayúu.
Las demoras han sido en unas series de preguntas, si se concertó o no se concertaron las acciones, una demora injustificada en la construcción de la política pública (plan de acción) para el cumplimiento de la sentencia, que se ve más como un mecanismo para dilatar las responsabilidades, que quien hace y quién no hace, que quién maneja la plata y quién no.
Y al final, que quién es el que contrata, círculos viciosos que son los que conllevaron precisamente al estado de cosas inconstitucional en el Departamento, es decir, después de 3 años seguimos exactamente igual a como estaban las cosas antes de la sentencia, y mientras tanto, se sigue muriendo los niños wayúu por desnutrición y la crisis se incrementa día a día más y se vuelve más difícil de superar.
Tanto el departamento como los municipios estaban obligados a incorporar esta sentencia en los planes de desarrollo como hoja de ruta, desafortunadamente en algunos casos se observa, por lo menos en los borradores, que la sentencia fue tocada tangencialmente, no la convirtieron en el corazón de los planes, incumpliendo no solo con la sentencia sino que perdiendo oportunidad para jalonar recursos de otros niveles de gobierno.
Se observó una débil articulación entre diferentes actores de gobierno local y regional, es decir, cada actor trabajó desarticulado cuando los problemas son comunes para todos, cosa graves para el desarrollo regional.
Afortunadamente, aún hay tiempo de ajustar cosas y de articularse y de priorizar las cosas importantes. Hay que entender, mientras a la población Wayúu le sigue yendo mal, le irá mal a toda La Guajira.