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El Decreto 196 de 1971 o Estatuto de la Abogacía; en su artículo 30 (modificado por el artículo 1 de la Ley 583 de 2000) establece entre otros:

“Los estudiantes, mientras pertenezcan a dichos consultorios, podrán litigar en causa ajena en los siguientes asuntos, actuando como abogados de pobres:

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  1. En los procesos penales de que conocen los jueces municipales y los fiscales delegados ante estos, así como las autoridades de policía, en condición de apoderados de los implicados.
  2. En los procesos penales de competencia de la jurisdicción ordinaria, como representantes de la parte civil.
  3. De oficio, en los procesos penales como voceros o defensores en audiencia.
  4. En los procesos laborales, en que la cuantía de la pretensión no exceda de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes y en las diligencias administrativas de conciliación en materia laboral.
  5. En los procesos civiles de que conocen los jueces municipales en única instancia.
  6. En los procesos de alimentos que se adelanten ante los jueces de familia.
  7. De oficio, en los procesos disciplinarios de competencia de las personerías municipales y la Procuraduría General de la Nación.
  8. De oficio, en los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías municipales, distritales, departamentales y General de la República.
  9. De oficio, en los procesos administrativos de carácter sancionatorio que adelanten las autoridades administrativas, los organismos de control y las entidades constitucionales autónomas”.

El primer Consultorio Jurídico en atender gratuitamente a las personas más vulnerables del país, fue el de la “universidad La Gran Colombia”, aprobado el 6 de septiembre de 1971, a través del Acuerdo 037, expedido por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, iniciando actividades el 8 de octubre del mismo año.

El consultorio jurídico viene a ser el laboratorio del “proyecto de abogado” con una función motivacional para el estudiante comprometido en lograr reforzar el conocimiento y la práctica en los dos últimos años del pregrado, donde cuenta con toda una estructura y recursos humanos, que le permitirán aprender y desarrollar sus primeras actuaciones de abogado, corregir los yerros tales como: recepción de la información y pruebas que hará valer, dirección del caso, redacción, argumentación, fundamentación, ortográficos entre otros.

Esta es la oportunidad de oro para que el estudiante de derecho inicie su rol como abogado, asuma con compromiso y responsabilidad los casos que le sean asignados, estar atento a los usuarios que lleguen solicitando el servicio del Consultorio Jurídico, requerirá la autorización expresa del director del consultorio para cada caso que asuma, no debe sentir miedo a la responsabilidad, al contrario, tener agallas e ir experimentando en la profesión que eligió.

La Judicatura: Fue por medio del Decreto 1862 de 1989 por el cual se crearon los cargos ad honórem para el desempeño de la judicatura. Desde mi experiencia, es de mucha importancia para el egresado de la facultad de derecho, por las siguientes razones: El estudiante es libre de escoger dónde desea realizarla, por lo que le sugiero que al decidirse dónde hacerla, tenga relación con el perfil o los asuntos de derecho que él o ella, quieran reforzar, sugiero que no la observen simplemente, por cumplir con el requisito para optar al título de abogado.

Es la oportunidad, para desenvolverse en los trámites que se desarrollan en un despacho judicial o administrativo, las etapas del proceso, atender las asignaciones ordenadas por el titular del despacho o el delegado de este (a). Al principio se proyectará con errores, pero habrá quien te los haga ver y darte las sugerencias para enmendarlos.

La Judicatura en tiempos de la pandemia. El Consejo Superior de la Judicatura emitió varios acuerdos mediante los cuales suspendieron los términos judiciales en el país, excepto en los trámites de tutela, habeas corpus y los trámites de control de decretos expedidos por el Presidente de la República.  

Para los procesos judiciales cuya suspensión sí aplica, los jueces y magistrados indicaron a sus empleados las medidas para que laboraran desde sus casas salvo que se requiera acudir a las sedes judiciales para adelantar actividades específicas. Por lo tanto, los despachos siguieron sustanciando trámites y algunos contando con el apoyo de los judicantes.