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Según los términos de la Ley 550 de 1999, apoyada en los artículos 334 y 335 de la Constitución Nacional, se define esta ley en su contenido como un acuerdo de reestructuración, con el fin de promover la reactivación económica y el empleo, mediante la celebración de convenios de reestructuración a favor de las empresas que se encuentren en dificultad para atender sus necesidades económicas apremiantes.

En ese sentido el legislador con esa disposición, buscaba restablecer la capacidad de pago de las entidades territoriales morosas en el cumplimiento de sus obligaciones, en la finalidad de asegurar que la función social -en este caso de gobernaciones y alcaldías- lograran el desarrollo armónico de la administración, acogiendo y dictando disposiciones para armonizar con el régimen legal vigente.

Esta ley es de un gran aporte, ya que mediante ella, se simplifican los trámites para las regiones, al celebrar un pacto entre las empresas y sus acreedores, utilizando así, una alternativa muy eficaz frente a los engorrosos e inútiles procedimientos de los concordatos, tan complejos y difíciles muchas veces de conciliar.

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Esta es la mejor salida pues con esa medida no se pueden embargar los recursos de la gobernación por los proveedores, pues tendrían que llegar a un acuerdo en la forma de cancelación y el tiempo acordado para los pagos de la obligaciones en mora; congelando así, todas las acciones judiciales, contra la gobernación.

Al acogerse a esta ley, puede el señor gobernador acordar con sus empleados y trabajadores, la mejor forma de cumplir las  obligaciones con ellos, sin desconocer las convenciones ni los derechos adquiridos mediante normas legales vigentes.

Con esta decisión puede hacer uso de todos los recursos vinculados a la actividad productiva, promover y mejorar la función social de los sectores y empleos rehabilitándolos, restablecer la capacidad de pago de las entidades de manera que puedan atender sin demora sus obligaciones, promover una optima estructura administrativa y financiera.

Igualmente, asegurar la calidad suficiente y oportuna de la información que se suministre a la Asamblea y a los organismos de comunicación social, sugerir para que los empleados y sus trabajadores acuerden una condiciones especiales y temporales en motivación laboral que posibilite su reactivación y viabilidad, facilitar la garantía y el pago de los pasivos pensionales, establecer un marco legal adecuado para que sean sujeción al trámite concursal vigente en materias de concordatos.

Estas son en grandes trazos la finalidad de la ley 550, que todo empresario debe cumplir, ya que cuando se incumple, el pago de una obligación y se viola el código de conducta empresarial, el comité de vigilancia pone en conocimiento a la entidad que tiene esa facultad, para informar que el convenio ha terminado y en consecuencia se pone en conocimiento a la Cámara de Comercio con los motivos que dieron origen al incumplimiento concordatario.