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La victoria de Gustavo Petro en las pasadas contiendas electorales dio pie a más de una persona a afirmar que quedaba demostrado que la democracia en Colombia sí funcionaba, porque hubo un candidato, que con todo el establecimiento y los partidos tradicionales en contra, había alcanzado el triunfo. Apreciación incompleta porque para que haya democracia plena no solo se requiere el desarrollo de un proceso electoral, sino que también se requiere cumplimiento de derechos fundamentales, gobiernos con poderes equilibrados y también el reconocimiento de derechos sociales que permitan convivencia ciudadana digna.

El prestigioso medio The Economist viene calculando desde hace muchos años el denominado Índice Democrático que pretende medir en 167 países del mundo el nivel democrático que se vive y se siente en cada país evaluado. Terminan asignándoles puntajes con un máximo de 10 y cualificación final como democracia plena, deficiente, régimen híbrido o régimen autoritario. Consideran las variables de, Proceso Electoral y Pluralismo, Funcionamiento del Gobierno, Participación Política, Cultura Política y Derechos Civiles.

En su última medición (2021), Colombia fue catalogada como democracia deficiente y terminó con un puntaje de 6,48 en el lugar 59. La variable con menor valor asignado fue Cultura Política con 3,75. En Latinoamérica resultó valorada por debajo de Uruguay, Costa Rica, Chile, Jamaica, Trinidad y Tobago, Argentina y Brasil. Es claro, entonces que no estamos entre los mejores.

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Los mejores o los de mayor índice correspondieron a Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia y Suecia. Puede ser coincidencia, pero los de mayor índice democrático también ostentan mejores niveles de vida. Por algo debe ser, pero parece que existe una relación entre democracia y pobreza, en el sentido de que aquellos países con mayores niveles de democracia poseen también un mayor PIB per cápita, un mayor Índice de Desarrollo Humano y un menor Índice de Pobreza. Razón debía tener Nelson Mandela, cuando en 1998, dijo que “Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento”.

No basta con tener elecciones. El proceso electoral debe ser diáfano, ni el clientelismo ni la compra de votos pueden tener cabida en una democracia que se respete. Los gobiernos tampoco podrían hacer, como lo hizo Duque al financiar la campaña electoral a los amigos mediante jugaditas aparentemente legales como aquella de la tristemente recordada reforma de la Ley de Garantías Electorales. Tampoco, como se ha visto repetidamente en la historia de nuestro país, las campañas pueden recibir financiamiento de conglomerados de conducta dudosa.

Tampoco basta con que esté expreso en la Constitución Política que hay independencia de poderes y que por lo tanto el Poder Ejecutivo es independiente de los poderes Legislativo y Judicial. En Colombia desde hace rato se habla de mermelada y no es precisamente al referirse a esa conserva dulce que se unta sobre el pan. Es más bien, el instrumento del ejecutivo para lograr que los parlamentarios abyectos se sometan a sus propuestas de gobierno y que generalmente se da en forma de contratos o de burocracia, o de las dos.

Algo va del dicho al hecho o de lo escrito al hecho. No porque en la Constitución Política aparezcan expresos los derechos fundamentales de los ciudadanos, significa que eso se cumpla. Ni porque en ella aparezca escrito que somos un estado social de derechos, tenemos esa condición. Prueba de esto lo encontramos en el siguiente dato que nos da la Corte Constitucional: En el año 2021 se impetraron cerca de 500.000 tutelas de ciudadanos que sintieron vulnerados sus derechos. Demuestra que nuestra democracia es más de forma que de fondo.

Hasta donde no llega The Economist es a la valoración de los índices democráticos en las regiones. Pero ni falta que hace porque nos los imaginamos. En La Guajira, por ejemplo, la compra de votos y el constreñimiento al elector se toman como prácticas normales y recurrentes, tanto que en lo que va corrido del siglo, cuatro gobernadores electos han sido bajados de la silla de mando sin terminar el período correspondiente.
En orden cronológico, Hernando Deluque, Oneida Pinto, Wilmer González y Nemesio Roys fueron separados de sus cargos por motivos electorales. Ni siquiera hace falta mencionar el cumplimiento de los demás elementos que caracterizan una democracia.

Afortunadamente, el gobierno nacional entrante ha manifestado como uno de sus propósitos, el fortalecimiento de la Constitución de 1991, lo que realmente debe pasar por el reconocimiento de derechos fundamentales, la disminución de las diferencias sociales, la independencia de los poderes públicos, el azote a las estructuras corruptas y la consolidación de la paz. Si el libreto se cumple, seremos más demócratas. Póngale la firma.