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Aunque la Contraloría General de la República la tiene clasificada como “elefante blanco”, creo que nuestra anhelada laguna de oxidación de Riohacha se ha convertido en chicharrón como bien lo dijera hace mucho rato Angel Roys Mejía. Porque la expresión “elefante blanco” debe significar, según sus orígenes tailandeses, una obra o construcción que no cumple con el objetivo para la que fue construida y antes por el contrario genera gastos permanentes sin beneficio alguno.

En cambio “el chicharrón” hace referencia a algo complejo que lleva implícitas problemáticas que no damos para solucionar. Así las cosas, nuestra inexistente pero contratada laguna de oxidación de Riohacha sigue siendo un chicharrón. A pesar de que se comenzó a “planificar” a fines del siglo pasado, los procesos han sido tan lentos y tan desordenados que todavía no hay fecha cierta, pero la Contraloría la tiene en la mira argumentando incumplimientos y faltantes que rondan los COP$ 21.000 millones.

En 1996 la Alcaldía de Riohacha contrató el estudio para la elaboración del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y fruto de ese contrato salió la recomendación de un sistema de lagunas de estabilización para el manejo de las aguas residuales de la ciudad y en el 2001 la Gobernación del Departamento contrató con la firma Unión Temporal CV-ICG Ltda., la construcción parcial de las obras para el plan maestro de alcantarillado sanitario de Riohacha, sistemas de tratamiento de aguas residuales y emisario final.

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En últimas, el tratamiento definido consiste en un sistema combinado entre lagunas facultativas y lagunas de maduración colocadas en paralelo finalizando con un efluente vertido en el Arroyo Guerrero que hoy por hoy, y dado el crecimiento de la ciudad, se encuentra a menos de cuatro kilómetros sobre la carretera a Santa Marta.

Hasta allí todo bien. Pero las instituciones oficiales llámese ministerio de Ambiente, Alcaldía o Gobernación quisieron pasarse por la faja la normativa nacional y mundial sobre la protección a los pueblos indígenas, suficientemente conocida por lo que no la repetiremos, y se realizó un estudio de impacto ambiental que sirvió de base para expedir Licencia Ambiental al proyecto.

Los indígenas residentes en el área de influencia, presentaron los recursos de ley y promovieron hasta tutela contra la Licencia porque no se había hecho debidamente la consulta previa. Y esto fue en el 2002. 

Con toda razón, porque a menos de un kilómetro de donde quedarían las lagunas, se ubicaban 9 comunidades indígenas Wayuu y 32 a menos de dos kilómetros. Con todo lo que implica vivir de vecino de lagunas de oxidación y con todo lo que implica el uso del agua de un arroyo, era más que lógico (además de constitucional y legal) que exigieran concertación, como en efecto se hizo, pero que duró cerca de diez años en concretarse.

Solo así, 54 familias de 32 comunidades permitirán que en su territorio se construyan lagunas de oxidación para la ciudad capital que para cuando se termine el proyecto contará con cerca de 300.000 habitantes.

Pero luego de terminar la concertación con las comunidades había que cumplir los compromisos y allí se fue pasando nuevamente el tiempo. Reuniones van y vienen para destrabar el proceso hasta que en un momento dado se dijo que al fin todo sería una realidad. Los mandatarios Rafael Ceballos en el municipio y Kiko Gómez en la gobernación tenían ya los recursos y la disposición para hacerlo. Pero tampoco fueron capaces, ni con préstamo de USD$ 90 millones hecho por el BID. Solo en mayo del 2015 se firma el contrato 239 por COP$ 21.620.641.547 con el Consorcio Lagunas.

Y así estamos. La Contraloría presentando hallazgos fiscales con posibles imputaciones penales, el gobierno central con las competencias en alcantarillado y saneamiento y con su Plan Guajira Azul; los habitantes de los barrios Villa Belén, Los Deseos y Marbella de Riohacha, vecinos de la bocatoma del actual emisario final del acueducto, con problemas constantes de salud por el flujo permanente de residuos y la pestilencia que los caracteriza y la ciudad sin un sistema de tratamiento de aguas residuales. Ojalá que al fin, el gobierno departamental con el apoyo de Guajira Azul logre cocinar el chicharrón.

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