El derecho a decir que no

Elimenes Brugés Guerra
Elimenes Brugés Guerra
Exrector de la universidad de La Guajira. magister en estudios político-económicos, especialista en administración de empresas, ingeniero industrial.

Lo único que saben los indígenas es que llegarán unas empresas y montarán unos inmensos molinos de viento para producir electricidad, la cual será conectada a otras redes más altas que le darán luz a todo el país. Pero no tienen conocimiento pleno de todo lo que eso incidirá en sus vidas a partir de que se inicien los proyectos. Saben que ya el gobierno decidió que llegaran los hierros de las multinacionales pero no saben cómo cambiará su vida a partir de ese momento.

De un momento a otro comenzaron a ver grandes camiones transportando inmensas aspas de los cientos de generadores que llegan por Puerto Brisa y que serán instalados a lo largo de la península para dar forma a los llamados parques eólicos, que algunos alijunas ya  identifican con la nueva bonanza que nos toca vivir.

Las multinacionales llegaron y las comunidades todavía no han dicho que sí aunque suponen que también pueden decir que no. El sí significa un acuerdo de la comunidad en que su territorio se vulnere a un costo determinado, lo que le implicaría canjear un modus vivendis por otro. Perderán algunas condiciones, pero seguramente ganarán otras.

Las multinacionales podrán tener acceso a la materia prima para su negocio que no es otra cosa que los vientos que recorren velozmente el hábitat wayuu y las comunidades tendrán lo que pacten cuando digan que sí.

Por ello se requiere entonces que previamente se den los pasos necesarios para que no se vulneren los derechos de las comunidades que habitan ancestralmente el territorio. Pareciera que solo fuera necesario la definición del gobierno nacional sobre la subasta internacional pública para que cada multinacional se sienta con derechos adquiridos para hacer y deshacer en terreno ajeno, sin que antes la comunidad haya sido debidamente consultada y dado su aprobación al respecto.

Se valen, y el gobierno lo sabe, de la poca capacidad de negociación que tienen las comunidades indígenas y que ha dado como resultado mas de una historia triste, producto de las ya famosas “negociaciones” entre multinacionales del carbón y diversas comunidades indígenas.

Después de fiesta se conocieron negociaciones de las multinacionales carboneras que terminaron hasta en desalojos acompañados de  violaciones normativas internacionales, cambios letales en el modus vivendis y un largo etcétera. Llegaron incluso hasta dividir a los nativos favoreciendo a unos en contra de otros. Todo para alcanzar la firma de un acuerdo forzado, suficiente para demostrar una “consulta previa”.

Y a los nativos ¿de qué les sirve llegar a un superficial acuerdo, si no conocen la magnitud de lo que se les viene encima? Si solo después que se conozca el contrato y sus implicaciones se tendrá una idea del tamaño del elefante. Entre la implicaciones debe conocerse el impacto ambiental del proyecto que una vez estudiado de lugar a la expedición de la Licencia Ambiental por parte de la autoridad correspondiente.

Según la normativa actual la consulta previa es requisito para el estudio de la licencia ambiental. Y a lo mejor, las comunidades deben conocer los impactos para decir un sí o un no. Pero los obligan a decir que sí ofreciéndoles pequeñas cosas que seguramente favorecerán un poco su mejor estar pero no en proporción a lo que la magnitud del proyecto demandaría.

Y el impacto ambiental será diferente según la etapa de desarrollo del proyecto. Se generarán unos impactos en la fase de construcción cuando se instalen los aerogeneradores, en la etapa de explotación durante la vida del proyecto y muy seguramente también cuando se dé el desmantelamiento de los proyectos. ¿O será que los proyectos son infinitos en el tiempo? ¿O les dejarán los hierros sembrados cuando se termine? ¿Y qué pasará si la tecnología se vuelve obsoleta y hay que suspender, por inviables, las operaciones? 

No es fácil entonces para una comunidad tomar una determinación justa cuando las multinacionales son reacias a dar la información completa. A ellas, a sabiendas de la magnitud de su respectivo proyecto, les conviene más ocultar detalles y tienen razón. Les sale más barato.

Por todo lo anterior, lo mínimo que puede hacer tanto el gobierno nacional como el departamental de La Guajira es exigir que las multinacionales informen detalladamente a las comunidades sobre el proyecto que pretenden instalar en territorio ajeno y con los vientos ajenos. Y se demanda también un exhaustivo acompañamiento en todo el proceso porque las comunidades también tienen el derecho a decir que no.

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