El ejemplo de Nuevo Espinal, para tomar nota

Elimenes Brugés Guerra
Elimenes Brugés Guerra
Exrector de la universidad de La Guajira. magister en estudios político-económicos, especialista en administración de empresas, ingeniero industrial.

Una de las escasas buenas noticias que deja el 2020 es la que tiene que ver con la puesta en marcha de un Plan Integral de Reparación Colectiva (Pirc) en el resguardo Indígena Wayuu Nuevo Espinal, ubicado en el municipio de Barrancas, sur de La Guajira, en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 que establece el proceso de justicia transicional como medida administrativa individual y colectiva en beneficio de las víctimas del conflicto armado por violaciones al Derecho Internacional Humanitario. 

Este es el primer plan de reparación integral a una comunidad indígena de la región Caribe y tiene una larga historia porque la comunidad que hoy se repara no solo resultó víctima del conflicto armado sino que también lo fue de las multinacionales del carbón que la desalojaron, como a tantas otras.

La historia es larga. Antes eran simplemente Espinal pero llegó la locomotora del carbón con nombre de multinacional y los  apartó. Era el cumplimiento de pasos lógicos. En la minería de cielo abierto hay que descapotar primero para tener acceso al preciado mineral.

Pero en superficie no solo estaban capas de tierra sino también población mayoritariamente rural, comunidades indígenas, afrodescendientes, colonos y mezclas de todo ello, que también cayeron en el descapote.

Por diversos métodos, pero cayeron: por desalojo violento o negociado, por confinamiento, por corte o interrupción del acceso al agua pero, sobre todo, porque nuestros gobernantes pensaban más en las regalías que en los derechos de la  gente.

Entre los expulsados estaba el Viejo Espinal, una comunidad wayúu conformada entre otros, por los clanes Ipuana, Epiayú, Pushaina y Wauriyú a quienes les tocó salir de sus tierras ancestrales, prácticamente “despatriados” hacia zonas urbanas cercanas o incluso hacia Venezuela, mientras una minoría se ‘asilaba’ en resguardos cercanos como Lomamato.

Solo en 1993, una parte de los “despatriados” fueron “reubicados” en un territorio de 422 hectáreas ubicado en el corregimiento de San Pedro, a 7.5 kilómetros al occidente del casco urbano de Barrancas, en cercanías de la Serranía del Perijá y a orillas del Rio Mapurito. El cementerio, como símbolo de desmembración cultural de una comunidad, quedó en medio de un tajo de explotación carbonera. Así nació Nuevo Espinal.

Pero este estado de agravios no terminó allí, porque al poco tiempo de estar “reubicados” comenzaron a sentir también los impactos del conflicto armado. Sin entrar en detalles y tal como aparece registrado en los archivos oficiales, fueron víctimas de los Frentes 59 y 19 de las Farc-EP, del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia, del Frente Luciano Ariza del ELN, del fuego cruzado que producía el Ejército Nacional con los demás alzados en armas y por último de los traficantes de gasolina que utilizaban las trochas que salían de Venezuela. Es decir, todos los males del mundo en contra de una comunidad étnica.

Menos mal que esta comunidad de Espinal (el Viejo y el Nuevo) nos ha dejado lecciones de organización y persistencia por la defensa de sus derechos, fundamentada en procesos organizativos para mantenerse en pie de lucha.

Ejemplo de ello es, que recién salida del horno la nueva constitución política que estableció la figura de la tutela y los derechos de las comunidades étnicas, el entonces Espinal entabló proceso en el Tribunal Administrativo de Riohacha para tutelar derechos por un ambiente sano, el cual si bien fue rechazado en principio por dicho tribunal, mas adelante fue revocado por la misma Corte constitucional mediante Sentencia T-528 de 1992, concediéndole la razón al Espinal.

Ese proceso organizativo de la comunidad sirvió para lograr primero que fueran reubicados por el Incora así fuera en terreno ajeno, que posteriormente la trasnacional le hiciera entrega de algunos de sus muertos para un tercer entierro con todo lo que ello significa para los Wayuu, que en 2017 se constituyera Nuevo Espinal como resguardo indígena mediante Acuerdo número 36 del 11 de diciembre de la Agencia Nacional de Tierras, y que en el mes de noviembre de 2020 se dé inicio a la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva (Pirc) para el Nuevo Espìnal, primera reparación colectiva a una comunidad étnica en el caribe colombiano. Lucha larga en el tiempo pero con resultados.

Organización y persistencia es el ejemplo que nos deja El Espinal en todas sus vivencias. Que falta mucho por hacer, es cierto. Que faltan vías de acceso, instalaciones de salud, energía eléctrica, saneamiento básico y otras soluciones, no es desconocido por los gobiernos nacionales y seccionales. Que todavía reciben los dañinos efectos por la cercanía a los tajos de explotación carbonera, también es cierto.

Lo que sí deben saber todas las instituciones de la índole que sean, es que el Nuevo Espinal, para ejemplo de La Guajira, no se quedará quieto y seguirá luchando por conseguir la justicia social que se merecen, Nuevo Espinal y todas las comunidades étnicas desalojadas por la locomotora multinacional.

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