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Según un reciente boletín del Instituto Nacional de Salud, INS, en Colombia, en lo que va corrido del año, van ciento sesenta y seis (166) menores de cinco años muertos por causas asociadas a la falta de alimentos, es decir por hambre. Casi un menor muerto cada veinticuatro horas. Y en el departamento de La Guajira, según informe de la secretaría de Salud, a mitad de año ya han fallecido 39 menores y llevan detectados 813 infantes con desnutrición aguda. El hambre es un denominador común de las regiones de un país llamado Colombia, caracterizado por una alta desigualdad social, una de las más altas del orbe, desafortunadamente.
El hambre mata, parece una expresión de Perogrullo, pero lo primero que hace la falta de alimentación es acabar con las defensas y en ese momento todas las enfermedades pueden ser mortales, desde una diarrea hasta una complicación respiratoria. A la desnutrición infantil también le dicen ‘cadena perpetua’ porque sus consecuencias se sentirán durante toda la vida, si es que se sobrevive: Los niños que arrastran desnutrición aguda, ya está demostrado, van a tener 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54 % menos de ingresos en su vida adulta. Existen estudios que dicen que una familia pobre necesita 11 generaciones para salir de esas condiciones de vulnerabilidad. Esa cadena perpetua es como un círculo que se va retroalimentando, como si los infantes con desnutrición, no tuvieran ‘una segunda oportunidad’ sobre la tierra.
Razón tiene el recién posesionado mandatario Petro cuando ha dicho en campaña y ya en ejercicio del poder, que se requieren medidas de urgencia para producir alimentos, aunque eso implique inicialmente adoptar normas que a lo mejor afectan a los grandes terratenientes porque no es posible poseer impunemente tierras improductivas en un país donde hace falta acceder a los alimentos para disminuir la muerte de los niños. Subir impuestos a las tierras ociosas para que los propietarios se vean precisados a ponerlas a producir o a venderlas para que otros produzcan, parece ser parte de la estrategia.
Tierra es lo que hay, pareciera decir el gobierno actual y por ello, parte de lo que se requiere es volver productiva esa tierra altamente concentrada en pocas manos, abriéndole paso a esas reformas agrarias fallidas del siglo pasado cuando se hablaba de “la tierra para quien la trabaje”. Intensiones fallidas de gobiernos como los de López Pumarejo, Lleras Restrepo y otros, que postularon reformas agrarias para que el campesinado tuviera, al menos, una parcela para la producción de sus alimentos. Ahora el objetivo es el “hambre cero”.
Pero si se requiere socializar la tierra también se requieren medidas integradoras para que el esfuerzo no sea en vano. Se requiere, agua, insumos, crédito para viabilizar cultivos, vías para sacar al mercado los productos, energía, capacitación, nuevas tecnologías, etc. Se demanda desarrollar todo un plan para alcanzar el sueño de tener alimentos para la gente, alimentos para que no haya hambre, alimentos para que no se mueran nuestros descendientes a edad temprana. Todo un reto de país.
Reto que parece mayor para el Departamento de La Guajira porque habrá que comenzar por socializar el agua, extraerla de donde se pueda o producirla si es el caso. Por lo mismo hay que proteger el Río Ranchería y sus afluentes, hay que potenciar el uso de las energías alternativas para el acceso al agua, hay que habilitar, construir o terminar distritos de riego y hay que capacitar a las comunidades en aprovechamiento de los suelos. Medidas obvias, todas, si se quiere acabar con el hambre que nos azota.
Falta mucho esfuerzo para llegar a la meta ansiada. Pero, mientras se toman medidas estructurales de amplio impacto social, hay que ir despejando camino y uno de ellos, muy fundamental en la atención a las familias y a los infantes es el saneamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf. Digo saneamiento porque se tiene la percepción de que está infectado por la corrupción y el clientelismo que no deja de ser lo mismo. Infectado en la sede central y requeteinfectado en las regiones.
Por lo mismo, los suministros de alimentos que pasan por el Icbf, son ineficientes porque responden más a intereses clientelares que a la satisfacción de necesidades. ‘Fundaciones’ y las ‘ONG’ creadas para traficar con el hambre de los niños, fungen como contratistas para suministrar alimentos a las poblaciones vulnerables, y lo hacen por encima de los valores de mercado. Detrás de todo contrato está el traficante de votos o el polítiquero que tiene clientela y pide resultados cuando hay elecciones. En cada regional del Icbf se dice que existe, al menos, un ‘capo’ que influye o decide en la contratación de suministros de alimentos, y en La Guajira, se dice que ese papel lo juega el hoy Senador Deluque. Lo de ‘capo’ parece acertado porque se conforman ‘mafias’ locales y nacionales.
Entonces, mientras se dan las medidas estructurales, el presidente Petro debe escoger con lupa a quienes manejarán el Icbf. Seguro que, si se acaba con el clientelismo y la corrupción, disminuyen los infantes muertos. Aquí si que ni siquiera importa el color político de los seleccionados. Importa más la honestidad a toda prueba y la expulsión de las costumbres clientelistas que entorpecen la satisfacción de las necesidades de las familias vulnerables. La sociedad colombiana requiere funcionarios sin bolsillos largos y sin compromisos clientelares, para que el cambio sea posible.
