Las opiniones expresadas en las columnas de opinión son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan necesariamente la posición oficial de laguajirahoy. Escríbale al autor a [email protected].


-Publicidad-
-Publicidad-

Luego de la notificación del fallo de única instancia proferido por el Tribunal Administrativo del departamento de La Guajira, en el cual se declara la nulidad de la elección del alcalde del municipio de Fonseca por la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, se ha generado un escándalo jurídico en el que hay posiciones encontradas y que realmente desde el punto jurídico, solo hay una salida razonable que se ajuste un poco a las pretensiones del exalcalde y su equipo de abogados.

Según lo consultado y analizado en los distintos medios de comunicación, el equipo de abogados del exalcalde Hamilton García está manejando dos teorías sobre la forma de estructurar la defensa del exalcalde, con el fin de que este pueda retornar a su cargo como alcalde del municipio.

-Publicidad-
-Publicidad-

Una teoría es la que expresan aquellos abogados que consideran que la estrategia de defensa jurídica debe enfocarse en llevar el presente caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta que la rigurosidad de este organismo internacional establece que, en primer lugar, el caso debe ser estudiado por la Comisión Interamericana de Derecho Humanos para luego pasar a la Corte y en caso de tener un fallo favorable, este solo ordenará reactivar nuevamente el proceso judicial que ya ha finalizado.

Por el otro lado están los abogados que consideran que la estrategia de defensa debe basarse en buscar la nulidad de fallo alegando que el Tribunal hizo una interpretación errónea e irrazonable del régimen de inhabilidades e incompatibilidades al utilizar argumentos contrarios a la realidad, teoría que tiene más lógica al momento de ejercer una defensa un poco más rápida y garantista del principio de legalidad, debido proceso, seguridad jurídica, igualdad, etcétera.

De conformidad con lo anterior, me llama mucho la atención la estrategia de defensa consistente en determinar que hubo una interpretación errónea del régimen de inhabilidades e incompatibilidades ya que desde el punto de vista personal, considero viable la proyección de una demanda de reparación directa sustentada bajo el argumento del error jurisdiccional en el que incurrió el tribunal administrativo de La Guajira, al darle una interpretación errónea a la ley que debía aplicar al caso con el fin de resolver el problema jurídico.

Esto se puede resumir en que hubo una falla en el servicio judicial por parte de los magistrados del tribunal, lo cual es una causal taxativa y exegética para presentar una demanda de reparación directa por falla en el servicio al existir un error de derecho. Es por esto que comparto la teoría de buscar la revocatoria del fallo pero, me aparto un poco al visualizar que la vía de la reparación directa es más efectiva y viable que buscar la nulidad o revisión de una decisión que ha sido emitida en un proceso de única instancia.

En concordancia con lo que manifestó el Doctor José Manuel Abuchaibe en una entrevista realizada por un medio de comunicación departamental, en este caso la posibilidad de que Hamilton García vuelva a ocupar el cargo y finalizar su periodo es completamente nula, ya que el proceso en el que se declaró la nulidad de la elección del exalcalde es de única instancia y no tiene la posibilidad de recursos pero, ese fallo que declaró la nulidad de la elección, sí es susceptible de ser demandando ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa con el fin de que le sean reconocidos y pagados los daños y perjuicios al exalcalde en ocasión de una decisión judicial que afectó su situación económica y, algo aún más importante como lo son los derechos electorales constitucionales que tienen una gran relevancia dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Así las cosas, en caso que la demanda se proyecte sobre la base de claros argumentos jurídicos y probatorios, el exalcalde tendría un salvavidas jurídico y económico consistente en poder recibir por parte del estado una indemnización por haber sido víctima de una falla en la prestación del servicio jurisdiccional.

Todo lo anterior, lo hago con el fin de dar luces a una posible salida jurídica, haciendo la aclaración de que es una posición jurídica personal realizada sin intención de obtener algún estipendio económico, ya que me ha llamado mucho la atención la tendencia que se ha posicionado en nuestro departamento consistente en demandar la elección de los alcaldes, gobernadores, personeros y, demás cargos que se puedan demandar bajo la figura de la nulidad electoral.

Debido a ello me surgen las siguientes preguntas: ¿hay inconformismo de los habitantes contra los mandatarios? ¿Qué hay detrás de la presentación de tantas demandas de nulidad electoral? Ayuden a volar su imaginación y establezcan posibles respuestas.