En el departamento de La Guajira, aun cuando se establecen rubros para el mejoramiento de la vida de las comunidades en esta, vivimos con la noticia de muertes por desnutrición en distintos puntos.
“La situación actual de los wayuu de la Alta Guajira es crítica. Debido a la cuarentena, los indígenas se quedaron sin la única fuente que les permitía llevar algo de comida a las rancherías: el turismo en el Cabo de la Vela.
Ya nadie pesca porque los hostales y restaurantes, a quien les vendían los pescados, están cerrados. Las mujeres no pueden tejer sus mochilas ni hacer las artesanías, porque no hay un solo turista que se las compre”, asegura Rosa, quien lleva más de 22 años trabajando por la comunidad.
En concordancia con la Sentencia T-172/19 “Legitimación por activa en tutela de comunidad indígena” se establecen algunas normas de regulación y administración de recursos, las cuales comprende la distribución en proporción a la participación de la población de la entidad o resguardo indígena con respecto al total de la población indígena reportada los cuales son administrados por el municipio.
Por consiguiente, los recursos deberán destinarse a satisfacer las necesidades básicas de salud, educación preescolar, básica primaria y media, agua potable, vivienda y desarrollo agropecuario de la población indígena.
La pregunta principal es ¿se cumple?
Asimismo, hago un llamado a la reflexión sobre lo laxo que se es como población de La Guajira sobre los procesos culturales y lo que está directamente relacionado con las comunidades indígenas.
Según lo afirmó la Corte Constitucional en esa sentencia, las estadísticas de niños muertos por desnutrición “confirman una verdad conocida desde hace varios años por los órganos de control, instituciones internacionales y organismos de la sociedad civil y es que los niños y niñas wayuu todos los días mueren de hambre”.
A este flagelo, visto como un negocio rentable para el Icbf y las fundaciones contratistas, se le suma también, los niños wayuu, quienes por falta de asistencia, en condición de mendicidad salen a las vías principales a pedir limosnas, sin que el Icbf, la Gobernación de La Guajira, diferentes alcaldías y entes de control se pronuncien al respecto.
Los diferentes pronunciamientos de organismos internacionales y las sentencias de las altas cortes del estado colombiano, solo se han convertido en un sofisma distractor, para que las mafias oscuras enquistadas en la Institución encargada de velar por el bienestar de los niños, se sigan lucrando del hambre, necesidad y vida de los niños wayuu.
Se ha creado una barrera iniciando por la corrupción, olvido y desinformación sobre lo que comprende lo indígena logrando con base en ello tergiversar la esencia y propósito de estas. Extiendo la invitación a todas las personas que hacen parte de este territorio a sumar y aportar un grano de arena a las causas u obras sociales para las comunidades indígenas y no indígenas; la población civil también sufre esta real y eterna pandemia.