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Contrario de lo expuesto por Sabina en su canción sobre no dejar testamentos a modo de acciones o bienes para quien, en un propósito de vida, en este caso funcional, deban continuar en el ejercicio de una tarea que demanda por la coyuntura de una decisión internacional un punto sobre el cual de seguro será medida su gestión, además del resto de funciones que le son propias por Constitución y ley.

Dicho testamento, más que una herencia patrimonial, implica para la actual administración de la Procuraduría, un predicado sobre lo que está, y lo que viene, a partir de dos grandes retos, además de los ya conocidos.

El primero de esos retos es poder materializar la realidad que debe asumir la institución a partir de una reforma que debió entrar en “operatividad” desde 2019, y por solicitud de la entonces administración, bajo la consideración de preparar a la entidad sobre ese particular, en tanto, la ley 1952 de 2019, implicaba una transformación sobre la idea de “juicio” y un avance en la consolidación de aspectos, sustanciales, probatorios, bajo la sustentación de una implicación presupuestal.

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Pero al margen de la crítica que pueda tenerse sobre la ley de 2019, la pregunta sería, ¿sí está la entidad preparada para ello?, y por esta cuestión entrar a mirar cuales fueron las actuaciones de preparación, que, bajo la justificación de una prórroga en su vigencia, articulada en un plan de desarrollo, aún no aplica, sin dejar de indicar que nunca encontré la unidad de materia en el asunto, respetando lo expuesto por la Corte Constitucional.

Pero creo el problema es más agudo, cuando tengamos de presente que por la reforma del 2011, un servidor público se puede ver sometido a la vista de la acción disciplinaria, por 10 años (caducidad y prescripciones), aspecto que en letras del Maestro Pavajeau, denomina“ los horrores de la prescripción”, donde bajo una “retórica crítica”, expone que se tendrá toda una vida para enfrentar procesos disciplinarios, situación que en la actualidad no atienden los conceptos de “justicia” pronta, mas parece oportunista.

Durante los últimos años observamos “operadores” afanados por notar que se les venía una caducidad, acudían como pauta procesal salvadora en apertura de investigaciones, y con ello ganarse cinco años más, de procesos dormidos, esperando la oportunidad mediática o coyuntural, para salir como acciones salvadoras de la moral, de allí que hoy se esté en riesgo a partir del 1 de julio de 2021 en enfrentar una envestida de prescripciones.

Conozco de actuaciones, donde en modo poco respetuoso de las pautas del artículo 163 de la ley 734 de 2002, y de todas las garantías y formas propias de la acción disciplinaria, se acudieron a pliegos de cargos, que se muestran muy sonrientes en las estadísticas, pero nada sanos ante los disciplinados, afanes de continuar actuaciones, que no hacen más que recordar lo necesario que quien me “acuse” bajo el reproche correspondiente, sea distinto como servidor y por designación, de aquel que resuelva la consecuencia de mi acción.

La ley 1952 de 2019, al margen de lo que podamos creer, sí resulta un avance en la ética de lo público, o son pautas que se quedan cortas, o un propósito en la consolidación de una acción que toca nociones fundamentales y constitucionales para las personas, es una ley que ya se debe leer condicionada a una realidad contravencional, y que por ende puede iniciar su operación, bajo el peso de un “compromiso” jurídico internacional, que en todo caso implicará una consecuencia para las “notas positivas” consignadas en ella.

Así entonces la primera gran “herencia” sobre la cual debe poner su atención la nueva administración, es la forma como la entidad se preparó y se adaptará en lo que quede de estos 4 meses, para asumir un cambio estructural, en un proceso, métodos y consecuencias.

La amenaza de las prescripciones y la preocupante temeridad de operadores afanados en sacar y sacar procesos, sin tener presente la finalidad de la acción como lo consigna el artículo 20 del CDU, igual que los alumnos que no fueron aplicados durante los primeros meses, y pretenden al final acudir sin calidad y garantía a procesos mediocres.

El segundo aspecto refiere a los cambios que se demanda por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cuyo proyecto de reforma dejado por la anterior administración de la Procuraduría, ya resulta un contrasentido y burla en sus dos primeros artículos, aspecto que trataré en la segunda parte de esta columna.