Las opiniones expresadas en las columnas de opinión son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan necesariamente la posición oficial de laguajirahoy. Escríbale al autor a [email protected].


-Publicidad-

La muerte inaceptable de niños y niñas wayuu por causas prevenibles, el mantenimiento de las condiciones de riesgos a la pervivencia de la etnia wayuu, el inamovible estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte en La Guajira, el contexto de aislamiento social obligatorio y voluntario por la pandemia del covid-19 que ha limitado el acceso no solamente a los derechos, sino también a los bienes y servicios de consumo colectivos.

Igualmente, el aplazamiento para implementar un plan de acción que conduzca a variar el escenario tendencial que encamine al departamento hacia un cambio social coordinado con visión conjunta, objetivos, metas, cronograma e indicadores de evaluación y seguimiento por parte de 25 entidades accionadas (18 nacionales, 2 regionales y 5 territoriales).

El estado de cosas inconstitucional que la Corte declaró en La Guajira para incidir en el cambio tendencial del Departamento en torno de la muerte de cientos de niños y niñas wayuu por causas asociadas a la desnutrición nos muestra un caso específico en donde operan con toda su fuerza y más allá de la hipótesis de la “maldición de los recursos naturales”.

-Publicidad-

Las disfuncionalidades del Estado colombiano, su grado de desarticulación, los tipos y la calidad de las repuestas de sus instituciones frente críticas realidades sociales y económicas que trascienden las que generalmente, se encuentran al estudiar los procesos regionales, la descentralización y autonomía regional.

La Guajira vista a través de la implementación de la Sentencia T-302 de 2017, se convierte en un caso emblemático que permite evidenciar la baja calidad de las prácticas de los gobiernos (nacional y territorial) y la ineficacia de sus acciones intersectoriales, multiescalares e intertemporales. Ello se presenta cuando las autoridades judiciales otorgan 11 meses y 4 días como prórroga para su cumplimiento y que para decidir sobre el asunto se toman 11 meses adicionales.

La negligencia de estas actuaciones tiene un costo tangible de 63 vidas de niños y niñas wayuu que han fallecido; y una gran cantidad de niños que no han sido medidos, que crecen bajo condiciones de desnutrición crónica y aguda, situación que persiste durante todo su desarrollo hasta la adultez; afectando su desarrollo físico y motor; limitando sus capacidades cognitivas y por lo tanto afectando su capacidad de relacionamiento con la sociedad y desempeño en el mundo laboral.

En la Sentencia T-302 de 2017 las instituciones se encuentran accionadas en aras de promover ejecuciones conjuntas y propiciar progresivamente condiciones de desarrollo armónico a partir del acceso a los derechos al agua, seguridad alimentaria, salud y participación. Después de más de 3 años de promulgada, ellas evidencian problemas a su interior, lo que ha imposibilitado la presentación del Plan de Acción, como médula de la intervención para superar el estado de cosas inconstitucional.

Las consecuencias son diversas. La brecha existente al comparar la tasa promedio nacional de mortalidad de niños menores de 5 años (por 100.000 niños) con el de La Guajira en el 2019 fue de 26 puntos, la que tiende a crecer en el 2020. En el 2019 la prevalencia de la desnutrición global se encuentra 5 veces por encima del promedio nacional. Estos son dos de los 4 indicadores seguidos por la Corte y sustantivos para afirmar que el estado de cosas inconstitucional se mantiene.

En la relación con el agua, el 56.07 % de la población rural dispersa (mayoría wayuu) toma el agua de pozo sin bomba, aljibe, jagüey o barreno. En Riohacha este porcentaje llega al 24.04 %, en Maicao al 62.12 %, en Manaure al 59.76 % y en Uribia al 78.21 %. Las pilas públicas tienen una cobertura limitada, ya que el modelo de Casa Azul solo cubre el 40.5 % de la población en sus áreas de influencia.

Adicionalmente, CorpoGuajira no ha cumplido la orden de estudiar la dinámica del agua y las conexiones entre el ciclo de agua en la Media Guajira y los acuíferos de la Alta Guajira, dado que en el área de minería se han intervenido 17 arroyos y 177 adicionales podrían ser afectados por futuras actividades mineras y se desconocen sus consecuencias.

En consistencia con el objetivo mínimo constitucional de alimentación y seguridad alimentaria, de las 29 iniciativas del Departamento de la Prosperidad Social – DPS para producir agua y alimentos, 2 están operando, 5 nunca fueron terminadas y entregadas y el resto se encuentran abandonas. Sobre salud y nutrición, la disponibilidad de cupos de los niños más que crecer han disminuido.

Entre el 2015 y el 2018 desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Icbf se redujeron los cupos por tipos de atención: 32.407 en primera infancia y 6.422 en niñez y adolescencia, incrementándose el riesgo para esta población por inasistencia estatal.

Sobre el derecho a la participación, en los 14 eventos realizados por el ministerio de Interior con las comunidades indígenas wayuu en aras de consultar el Plan de Acción al final del 2019, 2 no se llevaron a cabo, en 5 se lograron acuerdos parciales y en el resto se firmaron acuerdos condicionados a revisiones y visitas técnicas que se harían en febrero y marzo del presente año y que por el advenimiento del ciclo de la pandemia por covid-19 se aplazaron.

En relación con las vías, los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia cuentan con más de 58.296 puntos poblados dispersos habitados por población wayuu, y tiene más de 58.297 km de vías rurales tradicionales indígenas, las cuales no tiene ningún tipo de adecuación.

-Publicidad-