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A finales del año 2016, el gobierno nacional por intermedio de la Superintendencia de Servicios Públicos intervino a Electricaribe, en marzo de 2017 determinó que la intervención era con fines de liquidación y en el 2020, después de un no muy claro proceso, decidió que el nuevo operador de servicio de energía eléctrica para Atlántico, Magdalena y la Guajira será la empresa denominada Caribe Sol, que ahora es propiedad del Consorcio Energía de la Costa conformado por las   Empresas de Energía de Pereira y Latín American Corp, dominadas por el ciudadano Alberto Ríos Velilla.

La intervención y liquidación de Electricaribe se debió básicamente a que los habitantes de la Costa Atlántica, incluida La Guajira, nos cansamos del mal servicio y además por la demostración inequívoca que llevaba un retraso de diez años en las inversiones que como operador le correspondía para prestar un servicio acorde con las necesidades de la gente. El Ministro Arce dijo en ese momento que “Electricaribe no está en condiciones de poder garantizar el suministro eléctrico al no estar pagando la generación de electricidad a sus productores, con lo que podría producirse un “apagón” en toda la región que afectaría a sus 2,5 millones de clientes”. Lo cierto es que la infraestructura básica no permitía un mejor servicio y Electricaribe no invertía en ellas.

Un poco de historia sirve para contextualizarnos. El servicio de energía eléctrica en La Guajira por allá en la década del 80,  era prestado por la Electrificadora de La Guajira y en la Costa, cada departamento tenía su electrificadora, ineficientes todas, que funcionaban al ritmo de las políticas regionales y con el abandono estatal a la hora de las inversiones. 

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En 1998, la Superintendencia de Servicios Públicos tomó posesión de estos negocios departamentales y se inicia la era Electricaribe, que incluso tuvo participación de capital venezolano antes de la llegada del capital español. Se inició la privatización de los servicios públicos fundamentales.

En el año 2000 llega el capital europeo cuando Unión Fenosa, multinacional española, compró no solo a Electricaribe y Electrocosta en el litoral caribe sino a Epsa en el pacífico. En el 2009 se fusiona con Gas Natural configurándose como Gas Natural Fenosa , y su filial Electricaribe quedó en un 86 % como ama y señora de la energía eléctrica en los departamentos de la Costa Atlántica. El otro 14 % siguió en propiedad del Estado.

El gobierno colombiano y la Superintendencia de Servicios Públicos quedaron entre la espada y la pared, porque por un lado estaban los españoles amenazando con demandar al Estado por la liquidación de Electricaribe, aunque sin ofrecer opciones,  y por el otro no aparecían en el panorama empresas con suficiente pulso económico para reemplazarla. En últimas, no hubo acuerdo con los españoles y el gobierno le tocó dividir en dos la anterior Electricaribe: Caribe Mar que tiene detrás a EPM  de Medellín para cubrir a los departamentos de Bolivar, Córdoba, Cesar y Sucre y Caribe Sol que tiene detrás a Alberto Ríos Velilla para cubrir a La Guajira, Magdalena y Atlántico.

Mientras se produce el cambio de mando, la gente de La Guajira se pregunta si mejorará o no el servicio de energía eléctrica en la región, si subirán las tarifas o no y, la verdad sea dicha, nada está claro con Caribe Sol. Lo que sí se sabe es que el gobierno no fue transparente en la venta de Electricaribe y que ha ocultado las cifras del negocio, lo que parece como muy sospechoso. También se sabe que si lo que se requiere es inversión, en un horizonte de diez años a Caribe Sol le tocaría desembolsar cerca de 5 billones de pesos y no parece tener el músculo financiero suficiente para ello. Y también se sabe que Ríos Velilla es de la cuerda de Cambio radical y que a partir del cierre del negocio mejoraron las relaciones entre Vargas Lleras y Duque.

¿Será que el servicio eléctrico de la región terminó siendo moneda de cambio del gobierno Duque? Todo es posible, pero nada apunta a que mejoraremos. Mientras, los españoles han interpuesto una demanda ante el Ciadi (Tribunal Internacional de Arbitraje) contra el estado colombiano por mas de 1200 millones de euros.