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La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) y el Centro de Salud de la universidad de Johns Hopkins, con su Informe “un pueblo resiliente: el pueblo indígena wayuu de Colombia enfrenta una crisis de desnutrición en medio de la pandemia”, pusieron el dedo en la llaga purulenta de la pandemia que por muchos años padece el pueblo wayuu.

Según los autores de este Informe, “si la situación de los indígenas wayuu en el Departamento de La Guajira ya era de por sí grave, la irrupción del covid-19 en el país la ha vuelto dramática, especialmente para los niños en esa comunidad”.

Tanto más en cuanto que “las comunidades indígenas de La Guajira no tienen acceso a alimentos suficientes ni al agua necesaria para practicar una higiene básica, incluyendo para lavarse las manos y la información y acceso a la atención en salud es sumamente deficiente”.

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El de La Guajira es un caso extremo. Un buen indicador del cuadro aberrante y amenazador que ya traíamos antes de la pandemia es el de las necesidades básicas insatisfechas (NBI). Mientras el promedio nacional del índice de NBI es del orden de 27.7 %, el de La Guajira es del 44.6 %.

La pobreza monetaria en La Guajira registraba en 2017 el 52.6, que contrasta con el promedio nacional del 26.9 %. Adicionalmente, la tasa de desnutrición en menores de 5 años en La Guajira es la segunda más alta del país después del Vaupés, de 750.4 frente al promedio nacional de 244.7.

Además, según cifras del ministerio Nacional de Salud, la tasa de mortalidad infantil en La Guajira (45 por cada 100 mil menores de 5 años), es la más alta del país y se multiplica por 9 al compararla con la de la Nación (5.46).

Pero, estamos hablando de los promedios para el Departamento, que son de por sí escandalosos cuando se comparan con el promedio nacional, pero cuando se pone el foco en los territorios indígenas los índices son todavía más deplorables.

Y para añadirle vergüenza a la decidía oficial, el Informe de HRW le asigna su cuota de responsabilidad a la “corrupción generalizada” en La Guajira. Este, afirma, “ha sido un factor clave en los problemas de acceso a agua, alimentos y servicios de salud, que son esenciales para la supervivencia de muchos wayuu”.

Estas ya dejaron de ser brechas para convertirse en abismos que separan a La Guajira de Colombia y fueron los que determinaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Resolución 60 de diciembre de 2015), decretando unas medidas cautelares para la protección de los derechos a la salud y a la vida de la comunidad wayuu en La Guajira.

Ante su incumplimiento por parte del Gobierno nacional, el procurador General Fernando Carrillo intervino ante la Corte Constitucional, la cual declaró el Estado de cosas inconstitucional y conminó al Estado a su acatamiento, sin que hasta la fecha ello se haya dado.

Por ello, no es de extrañar que el Informe de HRW concluya que “los riesgos de desnutrición y muerte se han elevado” Así lo constató recientemente el Procurador Carrillo, quien después de una visita suya al territorio, manifestó que este “carece de elementos cruciales y estructurales, lo que imposibilita tener una solución en el corto plazo a la problemática de salud del Departamento”.

Por ello, le pidió al gobernador Nemesio Roys Garzón “formular de manera adecuada y urgente el Plan de expansión y los proyectos de inversión para la ampliación de la capacidad hospitalaria que requiere el Departamento para garantizar la atención en salud de los ciudadanos, especialmente los infectados”.

El gobernador Roys Garzón hizo su parte, ante la escalada de la pandemia, que supera en un 64 % el promedio nacional de letalidad del covid-19, con un índice de 5.1 fallecidos por cada 100 infectados, el más alto del país, frente al promedio de 3.28 a nivel nacional, decretó la Alerta roja en todo el Departamento.

Luego procedió a formular el Plan de expansión y liberó los recursos necesarios para su ejecución a través del Ocad. Empero, no obstante que dicho proyecto fue presentado desde el 1.º de julio al ministerio de Salud para su viabilización, allá siguen arrastrando los pies y hasta la fecha, mes y medio después, no tienen una definición. ¡No hay derecho, carajo!

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