La represa del Ranchería en el limbo

Amylkar David Acosta Medina
Amylkar David Acosta Medina
Expresidente del Congreso de la República, exministro de Minas y Energía, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Docente e investigador de las universidades Externado de Colombia, Los Andes y Rosario. Autor de 44 obras publicadas.

Han transcurrido 38 años desde que la firma italiana Ifaagrario formulara por primera vez el proyecto de la Represa del Río Ranchería, que en su origen primigenio tuvo por finalidad el regadío de las feraces tierras del sur de La Guajira. Con el paso de los años y con el fin de ampliar su beneficio, así como de viabilizar su ejecución, se tornó en multipropósito, pues además de la irrigación ahora se contemplaba su aprovechamiento para generar energía y para el abastecimiento de agua.

Este proyecto fue declarado como de importancia nacional estratégico (PINE: Documento Conpes 3362, julio 14 de 2005) y por ello ha debido ser objeto de la aplicación del Documento Conpes 3762 de 2013, que prescribe su priorización y la acción expedita por parte de las entidades responsables. Posteriormente el Documento Conpes 3926 del 23 de mayo de 2018 estableció como “línea de acción 3.4” la culminación de este proyecto, contemplado además en la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de desarrollo 2018 – 2022.

Después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, se construyó la primera de sus dos fases, la presa de El Cercado, a un costo de 637.369 millones de pesos, la cual se concluyó en el 2010 y desde entonces allí permanecen embalsadas 190 millones de metros cúbicos de agua, configurándose un monstruoso detrimento patrimonial, convertido en el mayor elefante blanco del país. A esa conclusión llegó el excontralor General Edgardo Maya, “por la gestión antieconómica que ha presentado el proyecto”.

De nada ha valido la providencia del Tribunal contencioso administrativo de La Guajira que el 4 de marzo de 2020 ordenando a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) que, sin más dilaciones, se acometiera la ejecución de la segunda fase del proyecto, tal como quedó establecido en el Documento Conpes 3926 del 23 de mayo de 2018, que comprende los sistemas de riego, drenaje y vías a nivel principal, secundario y predial. En fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado confirmó dicha Sentencia y ordenó al Gobierno Nacional, en junio de 2023, de manera perentoria, concluir el Proyecto multipropósito de la Represa del Río Ranchería.

En estas estábamos, cuando el Presidente Gustavo Petro resolvió el 2 de julio de 2023 declarar la Emergencia económica, social y ecológica, para lo cual expidió el Decreto 1085 y al amparo del mismo expidió once decretos, entre ellos el 1273 de julio 31 “por medio del cual se adoptan medidas en materia de agricultura y desarrollo rural”, el cual contemplaba en su artículo 7, que el ministerio de Vivienda “asumirá transitoriamente la propiedad, posesión, administración, operación y desarrollo de las actividades y obligaciones del Proyecto multipropósito del Río Ranchería”, hasta tanto fueran asumidas por el Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira, creado mediante el Decreto legislativo 1250 de 2023, que hasta entonces estuvo bajo el control de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

De no haber sido por la declaratoria de inexequibilidad del Decreto de marras por parte del Corte Constitucional con el mismo se le habría dado entierro de tercera de los distritos de riego de San Juan del Cesar y de Fonseca, so pretexto de que el agua de la presa únicamente se debería usar para consumo humano, no obstante que de acuerdo con el estudio de factibilidad del proyecto multipropósito, actualizado en 2021, el suministro de agua potable a 9 de los 15 municipios del Sur del Departamento no es incompatible con la irrigación de las 18.000 hectáreas de los distritos de riego.

Tanto más en cuanto que el florecimiento de la agricultura, que contribuye además a la diversificación de la economía regional, altamente dependiente de la actividad extractiva, contribuye a garantizar la seguridad alimentaria y el derecho humano a la alimentación, de la cual adolece La Guajira, tal y como lo dejó establecido la Sentencia T – 302 proferida por la Corte Constitucional en 2017, al declarar el Estado de cosas inconstitucional. Así lo prevé, además, el artículo 4º del mismo Decreto que alude a “medidas especiales para la adquisición y destinación de tierras en La Guajira”, para lo cual se declaró como de utilidad pública en interés social la Zona Especial de Protección de la Producción de Alimentos declarada por el ministerio de agricultura en las zonas específicas del Departamento de La Guajira”. 

Luego del fallo de la Corte Constitucional que dio al traste con los decretos con fuerza de ley expedidos por el presidente Petro en virtud de la declaratoria de la Emergencia, el Proyecto multipropósito de la Represa del Río Ranchería volvió a quedar en el limbo.

Todo se limita a la administración, control técnico, operación y mantenimiento de la infraestructura de la presa de El Cercado con el fin de garantizar la preservación y mantenimiento de los costosos equipos allí instalados, en condiciones de seguridad. Con tal fin la Agencia de desarrollo rural (ADR) contrató el 18 de julio de 2023 a la firma OR Construcciones Ingenierías S.A.S, el cual finiquitó el pasado 15 de diciembre.

Preocupa sobremanera que desde entonces las instalaciones y la presa de El Cercado misma están al garete, sin quien las administre, opere y mantenga, poniéndolas en alto riesgo de una contingencia. Cabe advertir que allí están instalados equipos y accesorios críticos que ameritan una operación especializada para garantizar su normal funcionamiento, entre ellos, a guisa de ejemplo, las válvulas de fondo Howell Bunguer, las cuales requieren maniobras constantes con el fin de garantizar su normal funcionamiento y conjurar oportunamente fallas que puedan comprometer su operatividad. Lo propio puede decirse con respecto al funcionamiento de la planta eléctrica que proporciona el fluido eléctrico que requieren.

Por lo demás, la presa de El Cercado y el agua allí embalsada tienen una dinámica hidráulica propia que requiere un estricto control y vigilancia con el fin de controlar la corriente del río, cumplir a cabalidad el “caudal ecológico” exigido por CorpoGuajira, así como con el suministro de agua cruda a los acueductos de Fonseca, Barrancas y Distracción. Cabe preguntarse hasta cuándo se va a prolongar esta situación de imprevisión e improvisación, que pone en alto riesgo la integridad de la represa del Río Ranchería, hoy a la deriva, que compromete de paso su carácter multipropósito, que sólo se podrá materializar mediante la ejecución de la segunda fase de este proyecto aún inconcluso.

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