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Una cruda realidad triste pero cierta, desde el 23 de marzo del presente año. Fecha en que se decretara el aislamiento preventivo por parte del presidente de la Republica, se adoptaron unas series de medidas en todo el País a efecto de evitar la expansión del Virus que motivó la antes mencionada determinación.

Por ejemplo, se prohibieron muchas actividades que pusieron y todavía tienen en riesgo nuestra economía, la cual se encuentra bastante resquebrajada, no hubo un sector que no sufriera y sufra los estragos de esta Pandemia, como su nombre lo indica de corte mundial.

En ese orden de ideas, se cerraron fronteras, se prohibieron vuelos tanto internos, como para fuera del País, excepto algunos de carácter humanitario, que en principio se pensaría que eran sin costo alguno, y por el contrario, de humano solo tenía el nombre porque solo eran permitidos para quienes tuvieran como sufragar estos.

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Se dispuso el cierre de hoteles, restaurantes, sitios de eventos, como conciertos, festivales, bares, discotecas, en fin todo aquello que aglomerara un número mayor de lo permitido de personas e incluso las Playas también corrieron con igual suerte.

Se adoptaron medidas tan extremas, que incluso a profesionales de la Medicina ya con una edad igual o superior a los 60 años solo les era permitido Consultas por vía telefónica, mas no procedimiento alguno, a los trabajadores de todos los sectores económicos en mención, de un momento a otro se quedaron sin empleo, pues las empresas para las que prestaban sus servicios se vieron en la inevitable obligación de dar cumplimiento de tener que cerrar, so pena de ser multadas por las autoridades.

A otros en cambio, la Pandemia les trajo grandes dividendos, comerciantes que aprovecharon la situación, para suministrar productos que de cualquier manera se impusieron como obligatorios como la venta de tapabocas, que de la noche a la mañana de un precio de cuatrocientos pesos subieron a siete mil, sin ningún control, prendas o vestuarios antifluidos e incluso antifaces ostentosos, que hacían presumir de quienes lo lucían, de ahí que le era y sigue siendo fácil distinguir de quien atraviesa por una buena situación y quién no.

Los gobiernos, adoptaron medidas, para salvaguardar la economía, en algunos países se flexibilizaron las medidas adoptadas en otros como el nuestro, por mas esfuerzo que el Gobierno Nacional hacia pocos cumplían sus recordados Decretos, quienes muchos seguían de cerca en espera de que alguno se ocupara de su situación.

En conclusión, con la llegada de la emergencia suscitada por el covid-19, la sociedad se dividió en dos, en nuevos ricos y en nuevos pobres, los primeros los que tuvieron como invertir en lo que más se consumía los productos llamados de bioseguridad, como el amonio cuaternario que de cincuenta mil pesos paso a 180 mil la caneca, sin ley ni control de ninguna clase.

Los nuevos pobres los que de la noche a la mañana se quedaron sin empleo y no tuvieron ni como seguir pagando la cuota de la casa o del carro, tampoco la escuela de los hijos, ni la administración de la propiedad horizontal en que vivían, algunos han soportado con paciencia, otros optaron por la vía más fácil, escogieron el suicidio al verse agobiados por tan inesperada situación, para la cual no estaba preparado nadie.

De todos, los sectores que hasta ahora hemos considerado, hay un sector que en verdad, también llama poderosamente la atención, el de los abogados litigantes del país, de los que no se ocupó el Gobierno Nacional, en ninguno de sus decretos, a quienes de la noche a la mañana se les restringió el ingreso a los Palacios de Justicia.

Cerrarlo no les está permitido por la interrupción de términos que como medidas adoptó el Consejo Superior de la Judicatura, y peor aún la disposición de cambiar lo que se venía haciendo presencial, por virtual, considerado para muchos como Inconstitucional y para otros una nefasta realidad, cuando por ejemplo en los juicios orales su implementación trajo consigo ciertas garantías como la confrontación, inmediación y la concentración habían sido un logro de la ley 906 como bien lo dice un destacado Jurista del País.

De la noche a la mañana, al profesional del Derecho, ese que no nació con la tecnología, con la que se inicia la Nueva Generación de profesionales, les tocó a la fuerza medio aprender a lidiar con aparatos tecnológicos modernos que incluso muchos no están a su alcance todavía.

Por eso la Honorable C.S.J. en reciente auto, la Sala Civil con ponencia del magistrado Augusto Tejero Duque, Dijo: “que el desconocimiento del Abogado en el tema Tecnológico para acceder a Una audiencia Virtual o la carencia de elementos para este Fin, puede configurar una causal de Interrupción del Proceso, generando una causal de nulidad si este se adelanta…”.

En este sector da tristeza decirlo, se han visto desfilar colegas en busca de ayudas para sufragar bienes y servicios básicos de la economía, habrá algunos que dirán lo contrario pero la gran mayoría hacen parte de nuevos pobres de nuestra patria.

En La Guajira, como en todo el territorio Nacional no ha sido la excepción, aquí no es distinto a lo que pasa en los demás Departamentos, aquí no se tiene acceso al expediente ni sabe usted qué pasa con su demanda, ni cuando se la admiten ni cuando se la contestan, aquí la oscuridad en la administración de Justicia es parecida a la del ciego, palotea pero a ciencia cierta el rumbo es desconocido. 

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