Los riesgos fiscales en el Plan de Desarrollo de La Guajira

César A. Arismendi Morales
César A. Arismendi Morales
Economista de la U de Los Andes, Lic. Ciencias Sociales de la U Distrital de Bogota. Experto en desarrollo económico regional.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), en desarrollo de los pronósticos sobre el desempeño económico para los países miembros, señala que en medio de la pandemia por covid-19, Colombia se encuentra enfrentando la más importante recesión conocida posterior al siglo XIX.

El Producto interno Bruto – PIB disminuyó durante el primer trimestre de 2020. En mayo de 2020, la tasa de desempleo se situó en 21,4 %; 10,9 % por encima del mismo mes del año pasado (10,5 %). La tasa de ocupación se ha visto afectada y se ha situado en 43,4 %; 13 % por debajo del mismo mes en el 2019 (56,4 %).

La confianza de los consumidores ha decaído a niveles sin precedentes desde que se tienen datos. El mercado financiero actúa bajo presión y navega en aguas turbulentas, con caídas bruscas y significativas.

Al esto se le suma los bajos precios del petróleo como fuente importante de recursos, lo que afecta el mercado del carbón como bien sustituto. Los ingresos del país se encuentran muy afectados y la demanda interna está semiparalizada.

En medio de la tormenta que se genera por la pandemia, la terapéutica económica internacional recomienda proteger el ingreso de los hogares vulnerables y la liquidez de las empresas. Ello implica flexibilizar el cumplimiento del pago de impuestos, tasas y servicios públicos al ciudadano a través de pagos en cuotas, extensión de plazos, moratorias, etc., lo que significa menores niveles de recaudación. Ante estas limitaciones, el gobierno nacional ha recurrido a dos estrategias explícitas: i) el endeudamiento y ii) bajar las tasas de interés. Aunque no se ha referido a ello, con seguridad de agravarse la situación, la emisión de dinero es un instrumento para la gestión macroeconómica.

Durante la incidencia de la pandemia la recaudación de tributos es lo primero en afectarse. Así claramente se puede identificar en Plan Departamental de Desarrollo de La Guajira, en donde se ha dejado consignado que en los 4 años del Plan (2020 – 2023) los ingresos corrientes serán del orden de 36.5 miles de millones de pesos, monto que anteriormente se recaudaban en 16 meses atendiendo al promedio entre 2007- 2015. 

El plan de inversiones trasciende las cifras de los ingresos dentro del marco fiscal de mediano y largo plazo. El resultado es que las metas de ingresos son menores que las metas de gastos (incluyendo los de formación bruta de capital). Eso no está mal, si ello fuera producto de un ejercicio técnico y coherente. La dificultad se encuentra en que los planes no contemplan alternativas para que el departamento pueda incrementar sus ingresos, tal como lo hace la nación.

En la revisión del Plan de Desarrollo, no pude encontrar la implementación de la técnica de riesgos fiscales, necesaria en la emergencia sanitaria, social y económica. El riesgo fiscal debe ser asumido como la identificación de los factores que pueden hacer que los resultados fiscales se desvíen de los inicialmente planeados, así como la expedición de un conjunto de medidas necesarias para mitigarlos (gobernabilidad).

La pandemia por el covid–19 no se puede convertir en la excusa perfecta para evadir el despliegue de iniciativas en la búsqueda de recursos para cerrar financieramente los objetivos del plan. La pandemia se constituye en una oportunidad para la gestión de recursos, especialmente cuando se trata de población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. El plan de desarrollo nos queda debiendo esa parte, lo que le resta capacidad técnica.

Sin conocer qué pueden estar pensando los actores del gobierno territorial, es importante señalar que con lo consignado en el plan de desarrollo aprobado, se puede venir la profundización de la crisis fiscal y será incidente en el desempeño de la institucionalidad departamental.

Los 36.5 miles de millones de pesos que se recaudarán durante los 4 años, no alcanzarán para pagar los gastos de salarios y beneficios de los trabajadores, los gastos generales para la sostenibilidad de la estructura funcional de la gobernación de La Guajira, las transferencias a la Asamblea, Contraloría Departamental, el Instituto Departamental de Deportes, el Fondo Mixto de Cultura y la universidad de La Guajira.

Esta última institución requerirá no menos de 45 mil millones de pesos anuales de los ingresos corrientes del departamento para su funcionamiento y continuidad de la política de gratuidad de la educación superior. Tampoco habrá recurso para cancelar los pasivos contingentes.

La crisis se reflejará cuando este grupo de instituciones demanden presupuestos inexistentes. El máximo riesgo fiscal se encuentra en que algunos gastos recurrentes y de inversión social se están financiando con la descapitalización del Fondo de Pensiones del Departamento de La Guajira, uno de los mejores instrumentos para generar equidad cuando los trabajadores dejan la vida productiva; fondo creado por la presión de los empleados de la gobernación, en donde Ena Correa Henríquez tuvo un papel preponderante. 

Desde el plan de desarrollo y sin poner en marcha las capacidades de construir escenarios de mitigación de los riesgos fiscales, la crisis institucional parce estar no muy lejos. Por lo tanto, es posible que volvamos a ver a los pensionados al frente de la gobernación de La Guajira reclamando con vehemencia las 14 mesadas y los pagos de la cotización en salud. De pronto, una que otra carta comedida del presidente del sindicato solicitando que se cancele el mes vencido.

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